DS(P) nº 49/5 del 18/9/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se abre la sesión, y muy buenos días a todos, señoras y señores Procuradores. Y tras el descanso veraniego, sean bienvenidos a esta Sesión Plenaria con la que se abre el tercer año de esta V Legislatura en que nos encontramos, y que espero resulte fructífera para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad.

Un nuevo periodo de sesiones, éste que hoy se inicia, que viene marcado por los salvajes atentados que la pasada semana se produjeron en Washington y Nueva York y que han costado la vida a más de cinco mil personas. Es por ello que la Mesa y la Junta de Portavoces de esta Cámara el pasado día trece hicieron público un manifiesto o declaración de condena de tales actos terroristas sufridos en los Estados Unidos y calificados como un atentado contra la civilización, la libertad y la democracia. Asimismo, expresábamos, como lo hacemos ahora, nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias y con todos los que han perdido en ese ataque la confianza y la esperanza de que en el mundo se puede convivir de forma pacífica.

Manifestábamos entonces -como lo hacemos ahora- nuestra más firme condena y repulsa ante el brutal atentado que ha sufrido el pueblo americano, y manifestamos, una vez más, nuestra apuesta por el diálogo y por el estricto cumplimiento de las normas internacionales para resolver cualquier conflicto, pidiendo, como pedimos, a los Gobiernos la máxima colaboración para acabar con el problema del terrorismo internacional en todas sus formas y allá donde se produzca.

Y sin más, vamos a entrar en el Orden del Día, cuyo primer punto ruego al señor Secretario enuncie.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Primer punto del Orden del Día: "Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León, correspondiente a la gestión realizada durante el año dos mil".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la exposición de su Informe, tiene la palabra el señor Procurador del Común, don Manuel García Álvarez.

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Con la venia, señor Presidente. Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Señorías, señoras y señores. Para el Procurador del Común es un honor exponer ante Sus Señorías y ante la sociedad de esta Comunidad Autónoma este Informe, el primero de mi segundo mandato. Renuevo a los miembros de estas Cortes mi agradecimiento por la actitud de ayuda y respeto hacia la Institución, lo que, sin duda, facilita el continuar trabajando con la autonomía, la independencia y la objetividad que la ley proclama de las actuaciones de este Comisionado Parlamentario.

En la presentación del Informe correspondiente al año noventa y nueve les anuncié el propósito de incrementar mi presencia ante el común... la presencia del Procurador ante el común, a lo largo y ancho de nuestro territorio, ofreciéndome a recibir personalmente a los ciudadanos que así lo deseen también en municipios que no son capitales de provincia.

Como bien saben Sus Señorías, desde el año noventa y cinco, ininterrumpidamente, el Procurador del Común atiende directamente a las personas individuales y colectivas que lo solicitan, un día al mes en cada una de las capitales de provincia, además de las localidades de Ponferrada y Miranda de Ebro.

En esa misma línea, y para llevar a cabo aquella intención de que... a que acabo de referirme, se proyectaron una serie de visitas en las nueve provincias -ya en el año dos mil atendí directamente a las personas que lo desearon en varias de ellas-, y la programación continúa realizándose paulatinamente a lo largo de este año, yo creo que de manera muy provechosa, con una respuesta social muy positiva.

Para cumplir este programa de visitas ha sido fundamental el apoyo y ayuda que he encontrado en los medios de comunicación, a los que expresamente agradezco su cooperación en la tarea de difundir la existencia y las funciones de la Institución. Y también quiero agradecer... mostrar mi agradecimiento a quienes nos ponen a disposición los locales en esas visitas que realizo -como les decía- fuera de las capitales de provincia.

Yo creo que año a año el Procurador del Común va siendo más conocido dentro de una Comunidad tan extensa y tan dispersa geográficamente -en cuanto a su población- como es la nuestra, y es significativo, a este respecto, el hecho de que hasta la fecha se hayan recibido quejas desde algo más de mil quinientos núcleos de población en esta Comunidad Autónoma. Y yo creo que es un dato muy satisfactorio, en respuesta a ese constante ofrecimiento que hacemos de contactar directamente con los ciudadanos.

Y bien, paso a resumir el Informe por Áreas, incluyendo en las mismas tanto las actuaciones de oficio como las realizadas a instancia de parte.

En Función Pública, como en años anteriores, sigue siendo elevado el número de quejas. En la mayoría de dichas reclamaciones se cuestiona la actuación de la Administración, tanto en materia de selección de personal como de concursos de traslados. También son frecuentes las quejas en las que los reclamantes manifiestan su disconformidad con los niveles asignados a sus puestos de trabajo y, en consecuencia, con la cuantía que perciben en concepto de complemento de destino. No obstante, el objeto de dichas quejas es muy diverso y comprende cuestiones relativas a jornadas de trabajo, permisos, situaciones administrativas, incompatibilidades, jubilación, derechos sindicales, régimen disciplinario, entre otras, ¿no? Se caracteriza por una gran diversidad, pues, esta Área.

El régimen jurídico de las Corporaciones Locales, dentro de la misma Área A, en materia de responsabilidad patrimonial, lamentablemente es general la reticencia de las Administraciones a la hora de proceder a la incoación del expediente para la determinación de la procedencia de las reclamaciones presentadas, ¿no? En cuestiones de expropiación forzosa, también se han detectado casos en los que no han sido incoados los expedientes, habiendo acudido las Administraciones Locales a vías de hecho. Los Concejales de algunas Corporaciones Locales siguen padeciendo dificultades o negativas por parte de los Alcaldes, para el acceso a la información o documentación que solicitan en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos. En otras ocasiones se vulnera su derecho de participación en asuntos públicos, al no convocarse las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento.

Es cierto que el derecho a la información y documentación que tienen reconocido los Concejales no puede ser ejercido de forma tal que los servicios administrativos municipales queden afectados en su buen y regular funcionamiento, debiéndose compatibilizar aquél con el normal discurrir de las tareas administrativas municipales evitando que éstas se colapsen.

Existen Ayuntamientos, es bien sabido, en el medio rural con escasez de recursos personales y materiales, que se ven imposibilitados para satisfacer con prontitud la tramitación y despacho ordinario de los expedientes... las solicitudes de información y documentación que formulen los Concejales, dado el volumen de aquellos y el reducido espacio de tiempo de que disponen, en muchas ocasiones, para posibilitarlas. De todos modos, si bien ello resulta comprensible, comprensible, tampoco pueden estas razones amparar actuaciones ilegales. Además, me da la impresión de que quizá debiera ponerse más atención en el cumplimiento del horario de trabajo por parte del personal en algunos Ayuntamientos.

Esta Procuraduría, dentro de la complejidad de estos temas -fuente de conflictos- que afectan a la convivencia de los grupos políticos municipales, mantiene el criterio de que, siendo obligado garantizar el derecho de participación en los asuntos públicos y el de acceso a la información y documentación municipales de todos los miembros de las Corporaciones Locales, sería conveniente su regulación a través del correspondiente reglamento orgánico, para que, respetando la normativa básica en la materia, pudiese ser adaptada a la realidad y circunstancias de cada Ayuntamiento. Por eso se sugirió que las Corporaciones Locales que no cuenten con él se doten del mismo, con la participación de todos los grupos municipales en su elaboración.

En cuanto a la gestión del Padrón, se han constatado las dificultades de los Ayuntamientos para mantenerlo actualizado. Por otro lado, la veracidad y plenitud del Padrón es, a veces, limitada. Las causas de la limitación proceden unas veces de la propia Administración, que se ve imposibilitada de llegar hasta el último rincón del término municipal en el ejercicio de sus labores empadronadoras; otras veces proceden de la falta de colaboración ciudadana en el cumplimiento del deber de empadronamiento.

Partiendo de las quejas sobre deficiencias en la prestación de servicios mínimos, a raíz de cuya investigación se ha podido detectar cierta indefinición de las competencias asumidas por las Entidades Locales Menores, se consideró oportuno iniciar una actuación de oficio de la que tuvieron ustedes conocimiento. La misma consistió en recordar a los Ayuntamientos en cuyos términos municipales existen locales... Entidades Locales Menores los preceptos que contiene la legislación autonómica de régimen local, tendentes a paliar dicha problemática. En concreto, los relativos a la formalización de convenios Ayuntamientos-Entidades Locales Menores, en los cuales se debería determinar la distribución de competencias entre el municipio y la entidad o entidades inframunicipales, el régimen de los recursos económicos, y las relaciones de cooperación y coordinación de sus respectivos órganos de gobierno.

Dentro de la misma Área A: Tráfico. Conviene decir que la Administración competente debe extremar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de notificaciones y otros requisitos formales exigidos. La tramitación automatizada de los expedientes de tráfico no puede llegar a extremos de obviar las normas que determinan el contenido mínimo de las resoluciones; se corre el peligro así de que la propuesta de resolución pueda convertirse en un mero acto interno de la Administración, entiendo que en perjuicio del ciudadano y para mayor comodidad de los órganos encargados de la resolución del procedimiento, quedando sutilmente desvirtuada la premisa de separación entre las fases de instrucción y resolución del procedimiento sancionador.

Es cierto que, posiblemente, el automatismo en la gestión del expediente sancionador de tráfico sea la única manera de hacer posible la disciplina vial en los desplazamientos por carretera, contribuyendo con ello a defender el derecho fundamental a la vida y a la integridad física. Pero esa situación real no excluye la necesidad de poner en evidencia, en constructiva crítica, los incumplimientos legales que se producen en la tramitación de los expedientes.

Área B. Urbanismo, obras públicas y vivienda.

Urbanismo. Respecto al planeamiento, un año más se ha vuelto a constatar que la elaboración, tramitación y aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento se sigue realizando, en no pocas ocasiones, a espaldas de la mayoría de los ciudadanos; desconocimiento en muchos casos provocado por la propia Administración actuante.

En cuanto a la disciplina urbanística, volvemos a enfrentarnos a la pasividad de la Administración respecto a la restauración de la legalidad, convirtiéndose en algo noticiable -por lo excepcional- para los medios de comunicación los intentos de demolición de obras ilegales.

Sin embargo, sería injusto no resaltar la importante novedad que ha introducido la Ley de Urbanismo de Castilla y León en lo que se refiere a las competencias de control de la legalidad urbanística. Con acierto, la citada Ley ha otorgado competencias a las Diputaciones respecto a la protección de dicha legalidad, consciente el legislador autonómico, por un lado, de la escasez de medios técnicos y económicos que sufren muchos Ayuntamientos y, por otro, de las presiones vecinales que en muchos casos sufren los Alcaldes por parte de los infractores.

Especial trascendencia revestirá el desarrollo reglamentario de este precepto -desarrollo que deberá de compatibilizar el principio de autonomía municipal con el establecimiento del correspondiente procedimiento de subrogación-, para poner en marcha las medidas oportunas restauradoras de la legalidad.

A la vista de la dimensión del proceso de urbanización ilegal, se consideró necesario que, por parte de la Consejería de Fomento, se estableciera un marco normativo que permitiese dar una solución a los problemas planteados por la proliferación de urbanizaciones ilegales. Dicho marco normativo debería garantizar los principios tradicionales de equidistribución y de participación de la Comunidad en las plusvalías, incluyendo la equitativa distribución de beneficios y cargas, y evitando -pues en determinado momento pareció que no iba a ser así- que en el proceso de regularización los infractores resulten claramente beneficiados.

Infraestructuras y equipamiento municipal. Patrimonio y bienes municipales. Nos reiteramos en las conclusiones de años precedentes, dado que las reclamaciones que han sido más comunes hacen referencia la transigencia de los Ayuntamientos frente a usurpaciones de terreno de dominio público por parte de los vecinos, frecuentemente, al efectuar cerramientos de sus inmuebles, invadiendo parte de los viales de dominio público.

A pesar de tener conocimiento de los hechos, los Ayuntamientos se siguen resistiendo a hacer uso de sus prerrogativas, argumentando, en el caso de cerramientos, que las licencias de obra se conceden salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Sin embargo, si bien ello es cierto, hemos de tener presente la limitación dispuesta en la Ley, según la cual "las licencias de obras no se otorgarán o se entenderán denegadas por silencio cuando afecten al dominio público o suelos patrimoniales"; limitación en algunos casos desconocida por la Administración.

Debemos añadir que otra de las causas que han venido a favorecer la desidia municipal ante este tipo de conductas, y que ya se ha puesto de manifiesto reiteradamente, se debe a la presunta confusión existente en los lindes entre los terrenos de titularidad pública y privada. Por ello, desde esta Institución, en las diferentes resoluciones formuladas en la materia, se requería a los Ayuntamientos para que iniciasen diligencias de investigación, en aras a determinar la veracidad de los hechos denunciados y, consecuentemente, la procedencia de la incoación del expediente de deslinde, o bien de recuperación de oficio.

Servicios municipales. Siguiendo la dinámica de años anteriores, las reclamaciones tramitadas afectan a núcleos de población de carácter eminentemente rural, que son tantos en nuestra Comunidad Autónoma, siendo preocupación principal de los vecinos las deficiencias en la prestación de los servicios más esenciales, tales como la evacuación de aguas residuales, rotura de colectores, existencia de fosas sépticas, alumbrado público, limpieza viaria, suministro de agua domiciliaria, etcétera. Por ejemplo: la necesidad colectiva de contar con alumbrado en espacios públicos constituye el fin que explica el servicio público mínimo obligatorio que contempla la Ley. Las quejas que versaban sobre este tema se circunscribían bien a la carencia más absoluta del servicio o a una distribución -al parecer- arbitraria de los puntos de luz.

Se abordó, en materia de alcantarillado y saneamiento, la cuestión de la existencia de las fosas sépticas, rotura de colectores, etcétera. A la vista de estos expedientes, resulta acreditado que, para no pocos de nuestros núcleos de población, la sustitución o eliminación de las fosas entraña gran dificultad; es preciso reconocerlo. Ahora bien, hemos de entender que sólo cabría admitir su subsistencia en casos excepcionales, como sería la imposibilidad material de la conexión con la red general de saneamiento por técnicas normales, siempre que reuniesen las condiciones necesarias para evitar los peligros para la sanidad, salubridad pública, así como medioambientales; pues, lamentablemente, la realidad nos muestra que lo que se dice ser una fosa séptica, generalmente, en muchos de nuestros pueblos no es sino uno los llamados pozos negros, que están -como saben- totalmente prohibidos.

Del resultado de las indagaciones practicadas se ha inferido que aún existen núcleos de población en los que el servicio mínimo de pavimentación y limpieza de vías es inexistente o presenta grandes deficiencias; problema que se pone de manifiesto con mayor virulencia en la época invernal.

Me dirigí de oficio a los Ayuntamientos al objeto de recomendar un mayor control de los consumos de agua potable, que permita medirlos y que reduzca los problemas de suministro durante los meses de verano en algunas zonas. En este sentido, sugerí a los representantes municipales que instalaran sistemas homologados que midan los consumos de agua allí donde no los haya, que se elabore una ordenanza fiscal con tarifas según consumos, y que se adopten, en su caso, medidas excepcionales que permitan garantizar en todo momento el suministro de agua potable para consumo humano, incluyendo -¿por qué no?- la posibilidad de cortes del suministro para aquellos que incumplan la normativa de manera reiterada.

Obras públicas. Es en el seno de los procedimientos expropiatorios, y más en concreto en sus fases de determinación y pago del justiprecio, donde han surgido fundamentalmente las controversias manifestadas por los ciudadanos. En este sentido, si bien las irregularidades detectadas han sido escasas desde un punto de vista cuantitativo, la focalización de las quejas presentadas en las citadas fases del procedimiento expropiatorio constituye un argumento suficiente para velar, con una diligencia especial, por el respeto de la normativa aplicable.

Vivienda. Los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial promovidas por la Administración Autonómica y los defectos de construcción de aquéllas cuando se encuentran construidas ya y adjudicadas han constituido un año más el objeto esencial de las denuncias formuladas por los ciudadanos en el ámbito material de la vivienda. Al respecto, cabe señalar que si bien el grado de cumplimiento de la normativa vigente por la Administración en los aspectos señalados -a la vista de las verificaciones realizadas por la Administración a instancia de parte- ha sido elevado, la conflictividad de la materia revela posibles deficiencias en la regulación existente, emanada, en el caso de los procedimientos de adjudicación, de la Consejería de Fomento. Cabe desear que la finalidad de disminuir el número de controversias surgidas en la materia sea alcanzada, siquiera parcialmente, por la nueva norma reguladora de los procedimientos de adjudicación de viviendas promovidas por la Junta de Castilla y León, aplicable a aquéllas cuya convocatoria haya tenido lugar a partir de julio del año dos mil.

Por último, conviene señalar que de alguno de los expedientes tramitados se desprende la persistencia en el retraso en el que incurre la Administración Autonómica en el momento de proceder a la ejecución forzosa, a través de alguno de los medios previstos en el ordenamiento jurídico, de resoluciones en las que se impone a un particular la obligación de llevar a cabo obras de reparación en viviendas protegidas; extremo éste al que ya se hizo referencia en el Informe anterior.

Área C: Actividades clasificadas y medio ambiente. Al margen de consideraciones expresadas ya en anteriores informes, conviene -creo- recordar en esta materia, en la que tanto trabajo está costando defender los derechos de tantos ciudadanos, la obligatoriedad por parte de la Administración Autonómica de subrogarse en la competencia municipal en los supuestos previstos en la normativa vigente. Es decir, tanto en el supuesto de que existan deficiencias en el funcionamiento de una actividad clasificada, como si su titular ha cometido alguna infracción cuya sanción corresponde al Alcalde, si éste, una vez que el hecho ha sido puesto en su conocimiento por parte de la Administración Autonómica, no efectúa las actuaciones previstas en dichos textos legales. Subrogación que, de conformidad con la normativa vigente, corresponde a los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

La actuación de oficio sobre el establecimiento de las antenas de telefonía móvil se centró en analizar las competencias que sobre este tema tenían la obligación de desarrollar las distintas Administraciones implicadas, con especial incidencia en la Local y en la Autonómica. Nuestro estudio se centró en poner de manifiesto la existencia de instrumentos normativos suficientes para hacer frente al problema.

Así, la parte primera se fijó en las competencias de los Ayuntamientos: partiendo de la confirmación de que se trataba de un acto sujeto a licencia urbanística, se llegó a la conclusión de que aquellos contaban con un instrumento de extraordinaria eficacia para dar solución a los problemas planteados: la zonificación y determinación de los usos del suelo que debe figurar en todo instrumento de planeamiento urbanístico y, entre otras cosas, permite dar una solución, en un periodo relativamente corto de tiempo, para aquellas antenas que, aún habiendo sido instaladas con licencia, se considera que no están en lugar idóneo, a través de la figura del "fuera de ordenación". Además, también permite al Ayuntamiento elegir el lugar donde irán ubicadas las antenas, previo informe del Ministerio de Fomento.

La segunda parte del estudio se centró en la Administración Autonómica, concretamente en los aspectos que pudieran relacionar a este tipo de instalaciones con la Ley de Actividades Clasificadas de esta Comunidad Autónoma. Después de un análisis pormenorizado de la citada Ley y de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el llamado "Principio de Precaución" en todos los temas relacionados con la salud pública, se llegó a la conclusión de que todas las solicitudes de instalación de antenas de telefonía móvil debían tramitarse con sujeción a aquella norma, solicitando al Presidente de la Comisión Regional de Actividades Clasificadas la adopción de una serie de medidas encaminadas a este fin.

La parte tercera, y última, del estudio, que fue hecho llegar a Sus Señorías a través de la Comisión para Relaciones con el Procurador del Común en su momento, se centró en la Administración Estatal. Se llevó a cabo un análisis de sus competencias a la hora de obligar a compartir las antenas a las distintas compañías operadoras, enviando las conclusiones a los Ministerios correspondientes a través -claro está-, en este caso, del Defensor del Pueblo.

También se interesó de oficio esta Institución por la cuestión relativa a la situación de los montes o terrenos forestales situados en los términos municipales declarados zonas de peligro de incendios. La Consejería de Medio Ambiente aceptó la Resolución del Procurador del Común: tomando como base el Decreto en virtud del cual los propietarios de terrenos forestales situados en los términos municipales declarados zonas de peligro de incendios forestales están obligados a realizar los trabajos preventivos que estime necesarios dicho órgano directivo, se ponía de manifiesto a la citada Consejería la necesidad de impartir instrucciones a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente para que se girasen las correspondientes visitas de inspección y se cursasen, en su caso, a los propietarios de las parcelas afectadas las órdenes tendentes a la realización de labores preventivas contra incendios.

Área D: Educación y Cultura. Educación. Sin duda, la asunción plena de competencias por nuestra Comunidad Autónoma ha contribuido a que las quejas hayan aumentado en esta materia. Los procesos de escolarización y matriculación de alumnos en los centros docentes son objeto de una abundante litigiosidad, originada por la lógica discrepancia de las familias con las decisiones administrativas que les impiden escolarizar a sus hijos en los centros previamente seleccionados por aquéllas.

Por otra parte, de las quejas recibidas se infiere que aún existen zonas donde el número de centros de integración, o dotados con aulas de Educación Especial, es tan escaso que los padres se ven imposibilitados de conseguir una escolarización de sus hijos discapacitados que no pase por un alejamiento del niño de su entorno familiar y vital; alejamiento al que ellos se oponen con especial ahínco, con fuertes críticas hacia las instituciones, entre ellas al Procurador del Común cuando no consigo ser tan eficaz como quisiera en la defensa de los menores minusválidos. Esta insuficiencia de centros de integración es particularmente importante en la Educación Secundaria y en las zonas rurales.

El principal motivo de denuncia dentro de la Educación Especial en Castilla y León quizá esté constituido por la carencia de personal especializado adscrito a los centros docentes o a los servicios de apoyo para atender correctamente las necesidades de los alumnos discapacitados escolarizados. En este sentido, diremos que los profesionales más demandados son fisioterapeutas y logopedas.

En materia de Educación Universitaria, las quejas -en menor número que las de Educación No Universitaria- hacen referencia, fundamentalmente, al acceso y permanencia en los centros de enseñanza superior, a la denegación de becas y ayudas al estudio, a la revisión de exámenes y a la reclamación contra calificaciones.

Patrimonio Histórico-Artístico. La gran extensión e importancia del patrimonio de Castilla y León introduce una especial dificultad para la Administración -es preciso reconocerlo- en el cumplimiento de sus obligaciones de protección y conservación de los bienes que lo integran. Bien es cierto, por un lado, que ese deber de conservación compete a los propietarios de tales bienes, muchos de ellos particulares o pequeñas comunidades religiosas sin suficiente disponibilidad económica para hacer frente a los gravosos costes que puede implicar el adecuado cumplimiento de aquella obligación.

Por otro lado, las limitaciones presupuestarias de la Administración impiden también, en muchos casos, la realización de las obras de restauración o rehabilitación necesarias.

Se hace preciso, no obstante, instar un mayor esfuerzo de las Administraciones Públicas competentes en el desarrollo de una adecuada política de protección de estos bienes, que evite las cada vez más frecuentes situaciones de abandono que pueden poner en peligro su integridad... la integridad de los visitantes y la integridad de los propios bienes de interés cultural. Ello sin olvidar la conveniencia de establecer aquellas fórmulas de cooperación que resulten oportunas entre la Administración Autonómica y la Local, siendo oportuno, asimismo, implicar en esta tarea protectora a los particulares, entidades privadas y, especialmente, a los crecientes movimientos asociativos -que algunos están jugando un papel muy importante- surgidos en defensa del patrimonio.

Área E. Industria, Comercio, Turismo y Consumo. A lo largo del ejercicio pasado, en la parte correspondiente a energía eléctrica, las reclamaciones presentadas versan, principalmente, sobre cortes en el suministro, bajadas de tensión debido al deficiente mantenimiento de las instalaciones por parte de las empresas titulares, y a la desidia de la Administración Autonómica ante las denuncias presentadas por los afectados.

En el terreno del gas, se ha referido al incumplimiento de los términos estipulados en el acta de ocupación levantada en el procedimiento de expropiación forzosa, legalización de las instalaciones petrolíferas de uso propio e inspecciones sobre las mismas y las empresas distribuidoras.

En el ámbito de comercio y turismo, numerosas han sido las denuncias recibidas en las que se hacía saber a esta Procuraduría el quebranto de los derechos de usuarios y consumidores, tales como la falta de elaboración de presupuesto previo, consumo de tabaco en dependencias públicas, ejercicio abusivo del denominado derecho de admisión, violación del derecho a la libre competencia, incorporación de cláusulas abusivas en contratos de viaje, etcétera.

Finalmente, un año más, diferentes asociaciones de usuarios y consumidores se han dirigido a este Comisionado Parlamentario denunciando el incumplimiento por parte de la Administración Local, Provincial y Autonómica del deber de dar una respuesta expresa a sus reclamaciones, impidiendo con ello el ejercicio de las funciones que tienen conferidas por ley.

Ante la existencia de instalaciones petrolíferas para uso propio y calefacción que, en principio, aún no se encontraban legalizadas tras la entrada en vigor de la ley del sector de hidrocarburos y que seguían recibiendo suministro de combustible por parte de las empresas del sector gasista -a pesar de que ello estaba prohibido, ya que tenían la obligación de comprobar previamente que las mismas cumplían con las condiciones legalmente establecidas-, me dirigí a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Consideré oportuno requerir a la Consejería para que, por parte de la misma, se procediese a dar las oportunas instrucciones a los diferentes servicios territoriales, al objeto de que dirigiesen a las empresas distribuidoras de manera aleatoria inspecciones, dando cumplimiento a la normativa indicada, y, en su caso, se procediese a la incoación de expediente sancionador. La Consejería nos manifestó la aceptación y puesta en práctica de la resolución.

Área F. Agricultura, Ganadería, Montes y Pesca. Cabe poner de manifiesto las irregularidades formales observadas en el desarrollo de los procedimientos de concentración parcelaria, cuya ejecución ha generado el mayor número de quejas en este ámbito material, así como en alguno de los procedimientos cuyo objeto es la convocatoria, tramitación y reconocimiento de ayudas económicas al sector: demora temporal en la resolución de las diferentes fases de los mismos, notificaciones irregulares de las resoluciones adoptadas en su seno y, en algún supuesto, ausencia de contestación por parte de la Administración Pública competente a los escritos formulados por los ciudadanos han dado lugar, fundamentalmente, a las resoluciones dirigidas desde esta Procuraduría.

Si bien soy consciente de la complejidad de los procedimientos referidos, con la intervención, incluso, de diferentes Administraciones Públicas en alguno de ellos y de la flexibilidad con que deben ser interpretadas ciertas exigencias, como por ejemplo el cumplimiento de los plazos establecidos por parte de la Administración en relación con los mismos, ello no puede implicar una postergación en los derechos de los ciudadanos que redunde en perjuicio de la esfera jurídica propia de cada uno de ellos.

Por lo que respecta a las quejas planteadas en materia de caza y pesca, cabe destacar, de un lado, la conflictividad generada por la aplicación del régimen de responsabilidad legalmente establecido para los daños causados por piezas cinegéticas. Y, de otro, referente a la pesca, las irregularidades manifestadas en la adjudicación de los permisos para cotos.

Coordinación de ayudas agrícolas. Estimé oportuno iniciar de oficio una investigación cuyo objeto era verificar la coordinación con la que la Administración Autonómica procedía a la convocatoria, reconocimiento y abono -de un lado- de las ayudas dirigidas a indemnizar el abandono de la cuota láctea y, de otro, de aquellas otras cuya finalidad es fomentar el cese anticipado por jubilación de la actividad agraria.

Como consecuencia de la citada investigación, se constató la ausencia de coordinación entre la convocatoria de las ayudas referidas en la campaña mil novecientos noventa y nueve-dos mil y el retraso administrativo en la resolución de un número relevante de expedientes, correspondientes a las solicitudes de ayudas al cese anticipado de la actividad agraria para el citado período.

La situación descrita, que afectaba especialmente al sector ganadero de la provincia de León, generaba una evidente desprotección en aquellos agricultores que, habiéndose acogido al abandono voluntario e indemnizado de la cuota láctea, no podían acceder a las ayudas previstas para su jubilación anticipada.

Las circunstancias señaladas motivaron la formulación de una resolución dirigida a la Consejería de Agricultura y Ganadería, en la cual se recomendaba la adopción de una serie de medidas que fueron objeto de aceptación por dicha Consejería.

Área G. Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales. Trabajo y Seguridad Social. Ha sido objeto, y continúa siendo este año -y de ello hablaré en el próximo Informe-, de una especial atención por parte de esta Institución el aumento de la siniestralidad laboral. Como se ha dicho, tal vez sea la obligación empresarial de llevar a cabo en el seno de las empresas funciones formativas y de evaluación de riesgos, sobre todo, lo que conducirá, en última instancia, a un cumplimiento estricto de las medidas de prevención y producirá, a la postre, un conocimiento y asunción del riesgo que los trabajos y/o los puestos de trabajo conllevan, y una disminución de los accidentes.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la única especialidad de estos servicios para las Administraciones Públicas es que se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.

Pues bien, relacionado con lo anterior, se han presentado ante esta Institución diversas quejas denunciando, por ejemplo, que en un Ayuntamiento vienen incumpliendo sistemáticamente lo dispuesto en la legislación anteriormente citada; o bien los trabajadores de una empresa denuncian el alto riesgo para la salud de los trabajadores expuestos -al parecer- al óxido de etileno.

Por su parte, el Comité de Seguridad y Salud de una Gerencia Territorial manifiesta que han insistido desde su constitución en la necesidad de realizar la evaluación de riesgos laborales, tanto general del centro de trabajo como específica de cada puesto, y que ésta no se ha realizado.

Otro campo que ha sido objeto de expedientes, al margen del desempleo, se ha referido a los cursos formativos, presentándose quejas relativas a la finalidad y al resultado de los mismos.

Servicios Sociales. Minusvalías. Es preciso proceder sin demora a aplicar medidas -sobre todo ahora, que ha sido ya aprobado el Reglamento- que garanticen cuestiones tan elementales como la efectividad de las ayudas económicas destinadas a las personas discapacitadas; aumentar hasta número suficiente los centros de atención, centros de rehabilitación y residencias para personas discapacitadas; la accesibilidad al medio físico y la comunicación, con el fin de lograr una participación autónoma y normalizada de todos los ciudadanos en la vida e intereses de la Comunidad.

La garantía de las cuestiones citadas, Señorías, en relación con los más débiles, constituye una obligación de las Administraciones Públicas, las cuales no pueden nunca esgrimir -y ha ocurrido con cierta frecuencia- para su incumplimiento razones basadas en la falta de normas, o en la supuesta falta de normas de desarrollo, o en la oscuridad o insuficiencia de las leyes aplicables.

No cabe ninguna razón basada en la falta de normas de desarrollo, oscuridad o insuficiencia de las leyes aplicables para cumplir esa obligación en relación con los más débiles.

No es fácil entender cómo cumplirá con su finalidad, por otra parte, la legislación protectora de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico si no fomenta, mediante medidas de accesibilidad, el disfrute del mismo por parte de todos los ciudadanos, también los que están discapacitados.

En la era de la alta tecnología en los medios de transporte, tenemos que seguir denunciando el hecho de que a un buen número de ciudadanos está vedado el uso de los transportes públicos por falta de algo hoy bastante simple, como es una rampa o una plataforma elevadora. Si la presencia de obstáculos perturbadores para la vida en todo espacio físico que ha sido estructurado con arreglo a las exigencias de residencia, convivencia, utilidad, etcétera, deben ser evitados, es totalmente inadmisible que existan barreras arquitectónicas en dependencias como cuartos de aseo y centros hospitalarios.

Tercera Edad. Sin perjuicio de una actuación de oficio ahora en marcha -de la que espero darles cuenta en su momento-, haré en estos momentos las siguientes consideraciones con referencia al ejercicio anterior.

Se ha producido a lo largo de los sucesivos ejercicios un aumento de las reclamaciones formuladas ante el Procurador del Común sobre la necesidad de ampliar la atención de los servicios sociales destinados a las personas mayores para conservar y, en lo posible, mejorar su calidad de vida.

Esta finalidad incuestionable obliga a la Administración al desarrollo de una efectiva actuación dirigida a ofrecer una serie de servicios sociales y a conseguir unos recursos adecuados a las distintas necesidades de los mayores, convirtiéndose así en auténtica garante de los ciudadanos durante su vejez.

Con independencia de la importancia de las fórmulas alternativas a la asistencia residencial, la cuestión que -como en años anteriores- ha adquirido una especial relevancia ha sido la insuficiencia de plazas residenciales públicas y de gestión pública en esta Comunidad Autónoma, para cubrir la demanda existente y, con ello, la excesiva duración de los expedientes de ingreso tramitados por la Administración Autonómica, originando las correspondientes listas de espera. Ello impone la necesidad de dar prioridad a la creación o ampliación de dichas plazas residenciales oficiales.

Ante la ausencia, por otro lado, de una normativa en Castilla y León relativa a la composición o configuración de los recursos humanos propios de los centros de la tercera edad públicos y privados, se constató la necesidad de que, acabando con esa insuficiencia normativa, se regulara con carácter general, y entre las condiciones mínimas que debían reunir los establecimientos geriátricos comprendidos en el ámbito de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales, la plantilla mínima que debe existir en los mismos, lo que -a juicio de esta Institución- contribuiría no sólo a concretar el criterio determinante de la adecuación de los equipos profesionales existentes en dichos establecimientos, sino también a garantizar en mayor medida un trato igualitario en la cobertura de la atención a proporcionar a los mayores en todos los centros. Dicha normativa -como es sabido- fue finalmente aprobada por decreto: el Decreto regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores.

Adquiere también especial relevancia la necesidad de intensificar la potestad inspectora de los centros destinados a la tercera edad, dado que no siempre este colectivo... -y yo he tenido ocasión de comprobarlo en más de una ocasión- este colectivo, yo diría que especialmente desprotegido, denuncia la existencia de supuestas irregularidades en el funcionamiento de aquéllos, constitutivas, en algunos casos, de las correspondientes infracciones administrativas.

Menores. En el campo de los servicios sociales -no hablo de otros aspectos de la defensa de los derechos del menor, de los que he hablado y hablaré en el transcurso de este Informe-, continúan siendo reducidas las reclamaciones formuladas ante el Procurador del Común instando la defensa y protección de los menores; de ahí la necesidad de las actuaciones de oficio, de las que hablaré en su momento.

Parte de las quejas, en este terreno de los derechos de los menores, derivan de las rupturas familiares causadas por las separaciones del menor del domicilio familiar, tras la correspondiente declaración de desamparo y asunción de la tutela por la entidad pública, siendo el acogimiento una medida de protección adoptada por la Administración que ocasiona frecuentes discrepancias en los familiares afectados.

La importancia, por otro lado, de los recursos humanos de aquellos centros públicos y privados destinados al cumplimiento de la medida de acogimiento residencial de menores para garantizar durante su guarda una continua atención de calidad y, en definitiva, el efectivo desarrollo de tal programa de acogimiento ha resultado también motivo de queja.

Se impone así para la Administración la obligación de velar por la situación de los menores sometidos a su guarda, ya se desarrolle en centros propios o en entidades colaboradoras, de forma que se asegure, en todo caso, su debida y continuada atención, comprobando la adecuación de la atención prestada a los niveles de calidad exigibles para garantizar un normalizado contexto de protección de los menores, el respeto de sus derechos y su adecuada asistencia ajustada a sus necesidades evolutivas.

Convertida, por otro lado, la adopción internacional -como es sabido- en un fenómeno de gran auge e importancia, motivado en gran medida por la disminución del número de niños nacionales susceptibles de ser adoptados, y reflejada tal circunstancia en el aumento de las reclamaciones presentadas al respecto, versan éstas, fundamentalmente, sobre los problemas surgidos en los correspondientes procedimientos administrativos.

Se ha constituido... se ha considerado -perdón- inadecuada, en este caso, la falta de gratuidad de la realización del seguimiento del proceso de integración del menor en su familia adoptiva, en aquellos casos en que los solicitantes optan por el turno de intervención profesional en adopción internacional. A ello hay que unir también el cobro de los Informes de Idoneidad de los solicitantes realizados a través de dicho turno, lo que conlleva una alteración de la valoración de la solicitudes de adopción internacional.

Salud mental. Aun cuando desde el inicio de mi actuación -como saben- en defensa de los enfermos mentales y de sus familias hemos asistido -afortunadamente- al avance experimentado en esta materia que denota una mayor implicación administrativa, todavía en la actualidad sigue siendo una realidad la insuficiencia de dispositivos sociosanitarios alternativos a los entes existentes, destinados a la necesaria rehabilitación e inserción sociolaboral de este colectivo. Las estructuras existentes sigue sin alcanzar suficientemente a un grupo de pacientes, en su mayoría psicóticos y crónicos, que no aceptan fácilmente el reconocimiento de su enfermedad ni los tratamientos que le son ofrecidos, que precisan de cuidados especiales y continuos después de sus breves internamientos en las Unidades de Agudos, o que carecen de todo apoyo familiar y social necesario para tener una vida mínimamente digna, convirtiéndose en un sector discriminado que vive en situaciones de extrema necesidad, y respecto del cual -como ya he dicho en alguna ocasión- a veces tengo la impresión de que las Administraciones Públicas abusan del amor de los padres por sus hijos. Situación que se agrava aún más en el caso de pacientes que provocan gravísimas, gravísimas alteraciones sociales y familiares. Y créanme que, guardando el anonimato de las personas que me presentan las quejas, estoy dispuesto a mostrarles los expedientes que obran en mi poder, en casos realmente dramáticos, que tienen lugar y que están teniendo lugar en estos momentos, y no van a dejar de tener lugar, lamentablemente -me temo-, todavía durante un buen tiempo.

El modelo de asistencia que precisa este colectivo sigue requiriendo, pues, la adopción, a pesar de los avances realizados, la adopción de las necesarias medidas de coordinación que garanticen el acceso, sin dificultades, a recursos dirigidos a su atención, haciéndose así imprescindible el efectivo desarrollo de un verdadero espacio sociosanitario, impulsando el establecimiento de más recursos y el avance de la conexión entre los sistemas sanitario y social, para hacer frente a las necesidades que presenta este sector de la población.

El logro de una atención globalizadora dirigida a los enfermos mentales requiere, por tanto, de un continuo avance en la coordinación institucional para la tan demandada creación de una Red de Atención Sociosanitaria, que permita el acceso sin distinción alguna de todas las personas que conforman este colectivo dentro de los discapacitados psíquicos.

Por último, quiero manifestar la esperanza, en este terreno, de que la culminación -al parecer, ya no lejana- del proceso de transferencias de sanidad supondrá la desaparición de al menos algunos de los obstáculos para la solución de estos problemas.

Integración social de la comunidad gitana de Castilla y León. En la línea marcada desde el inicio de esta actuación de oficio, se han seguido manteniendo los contactos directos que vienen siendo habituales entre el Procurador del Común y asociaciones y personas de relevancia dentro del mundo gitano, ya sean reuniones tenidas con todo el colectivo, aquí, en estas mismas Cortes, o reuniones individualizadas en diversas localidades.

Una de las cuestiones que se consideró prioritaria durante el último año fue el impulso y desarrollo del Plan Integral de Minorías Étnicas de Castilla y León, que había sido aprobado ya, como es sabido, en el año noventa y cinco.

Tras la puesta en práctica del Plan, la experiencia demuestra lo difícil que resulta conseguir la plena integración de algunas comunidades gitanas y las carencias que todavía muchos gitanos sufren en alguno de sus derechos fundamentales; carencias que -todo hay que decirlo- no siempre responden, necesariamente, a actitudes racistas por parte de la población no gitana.

De ahí que, como Procurador del Común, formulara una resolución sobre la conveniencia de elaborar un II Plan de Integración de Minorías Étnicas, en el que se programaran las futuras intervenciones y el plazo máximo de ejecución de las medidas que se consideraran procedentes.

La respuesta de la Gerencia de Servicios Sociales señalaba que estaba previsto aprobar un nuevo Plan Sectorial de Acciones frente a la Exclusión Social, y, efectivamente, la Dirección diseñada en su respuesta -la respuesta que recibí de la Consejería-, ésta aprobó el Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la Exclusión Social, mediante Decreto de 25 de enero del presente año.

Este Comisionado Parlamentario, como defensor del menor que es en Castilla y León, siempre se ha mostrado particularmente sensible hacia los problemas de integración educativa de los alumnos más desfavorecidos y, entre ellos, los pertenecientes a la etnia gitana.

En este terreno, llama negativamente la atención el grave problema que supone el abandono de los centros escolares a los que acudían menores gitanos, por parte del resto de los alumnos no gitanos. De ahí que analizáramos esta situación complejísima, complejísima, que no cabe despachar con sencillez y con una respuesta simple, que se producía en algunos centros de la Comunidad Autónoma, y, en concreto, estudiamos la situación de algunos centros en las provincias de Burgos y de Palencia.

Como en años anteriores, visité algunos asentamientos de familias gitanas de la Comunidad Autónoma. A lo largo de la actuación de oficio que nos ocupa, se ha evidenciado la necesidad de modificar las condiciones de vivienda de las personas que residen en estos asentamientos. Por ello, me dirigí a la Consejería de Fomento en su momento, y de la información remitida se desprendía que la Consejería había iniciado, a comienzos del año dos mil, una serie de comunicaciones informativas a los principales Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, con el fin de ofrecer la posibilidad de suscripción de convenios específicos de colaboración para el tratamiento de problemas especiales de la vivienda.

Por otro lado, quiere dejarse constancia... quiero dejar constancia de un caso concreto del cual se ha venido ocupando esta Procuraduría; también de otros, ¿no?, pero de éste, en concreto, quisiera dejar constancia, puesto que parece en vías de solución ya. Y me refiero a la situación de la vivienda de buena parte de la población gitana de Cacabelos, en León. Se trata de unas familias -como muchos de ustedes saben- que viven, desde hace años, en lo que fueron cuadras de ganado -no es que su mal estado sea tan malo que sean... puedan ser calificadas de cuadras de ganado; es que son cuadras de ganado-, sin agua ni ningún tipo de servicios higiénicos.

Pues bien, después de cierto tiempo pude comprobar, tras nuevas visitas al municipio, tras entrevistarme con el Alcalde y tras visitar de nuevo el asentamiento, que el Ayuntamiento de esa localidad estaba en disposición de acceder a uno de los citados convenios en el presente año.

Área H, Sanidad. Conviene recordar que el área de sanidad tiene carácter limitado en el conjunto de la labor de control que desarrolla la Institución, ya que el Insalud, generador -como es lógico- de la mayor parte de las quejas, sigue formando parte, hoy por hoy, de la Administración del Estado.

Como en años anteriores, las quejas más frecuentes han sido las relativas a denuncias por el estado de los centros e inadecuación de las instalaciones, insuficientes servicios médicos, retrasos en el reingreso de gastos, falta de información, etcétera.

La problemática de las listas de espera, especialmente las quirúrgicas y para pruebas diagnósticas, ocupan, asimismo, buena parte de las reclamaciones recibidas, evidenciando la enorme repercusión que para los ciudadanos tienen las demoras en asistencia sanitaria.

También se han recibido quejas en cuanto a la necesidad de extremar la atención en el trato humano a enfermos terminales -oncológicos y otros- por parte del personal sanitario, tanto... trato que en ocasiones -me temo- deja que desear.

Un año más, debemos poner el énfasis en la necesidad de lograr, en beneficio del usuario del Sistema Nacional de Salud, una mejor coordinación entre las Administraciones sanitarias, cuando -como ocurre en nuestra Comunidad- la Atención Primaria y la Asistencia Especializada es prestada por diversas... distintas entidades.

Justicia. Aunque en menor número que en otras ocasiones, los ciudadanos siguen mostrando disconformidad con la excesiva duración de los procedimientos y la tardanza en su resolución, así como en la ejecución de lo resuelto.

Ciertamente, en muchos casos -sobre todo en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo-, el retraso en la ejecución de los fallos judiciales obedece a una actitud reticente por parte de las Administraciones condenadas. Pero, por otro lado, son también numerosos -es preciso decirlo-, en esta función pedagógica que también corresponde realizar al Procurador del Común, son también numerosos los supuestos en los que el ciudadano se queja de la falta de ejecución de las resoluciones judiciales, olvidando que, salvo en el orden penal, los Juzgados y Tribunales no actúan de oficio y que, por tanto, el inicio de los trámites tendentes al efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales exige la previa petición de la parte interesada en esa ejecución. Y no siempre lo saben, incluso no siempre se lo advierten, al parecer, los Letrados a sus clientes.

Se aprecia, además, una gran desconfianza por parte de ciudadanos con relación a la actuación de algunos abogados y procuradores, tanto en lo relativo a la efectiva dirección del procedimiento como al montante de las minutas y honorarios, si bien aquéllas, esas quejas... aquéllas no suelen materializar las quejas con la exigencia de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria a que los profesionales puedan estar sujetos.

De igual forma se suscitan reclamaciones a propósito de la actuación de los Colegios de Abogados, relacionada directamente con la intervención de tales Corporaciones en el procedimiento dirigido a obtener el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente, supuesto en el que los Colegios han de proceder a la designación provisional de abogado de oficio al reclamante. Todo hay que decirlo, también, de nuevo: en ocasiones, sin embargo, el ciudadano se anticipa en el tiempo al plantear su reclamación ante la denegación de esa designación provisional, sin esperar a la resolución definitiva que debe adoptar, tal como establece la Ley, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Como viene siendo habitual -y ha quedado reflejado en anteriores Informes-, muchas de las quejas que presentan los ciudadanos en este campo aluden y tienen directa relación con su disconformidad con el contenido de las resoluciones judiciales dictadas en asuntos de su interés.

En la mayor parte de los casos consideran estos ciudadanos que el juzgador no ha valorado correctamente el resultado de la prueba practicada, o incluso que no ha aplicado correctamente el derecho, aludiendo, sin duda, a un supuesto de error judicial. Pero en ningún caso tenemos conocimiento... ha llegado a conocimiento de este Procurador del Común el planteamiento por el ciudadano del procedimiento establecido en la Ley con relación, precisamente, a los supuestos de error judicial a que apuntan las críticas de los reclamantes.

Partiendo de tales manifestaciones, los ciudadanos invocan a su favor el derecho a la tutela judicial efectiva, que consideran vulnerado, y olvidan -y también se lo tengo que decir, y a veces no siempre es fácil explicarlo, créanme-, olvidan con ello que la tutela judicial efectiva se satisface siempre que se obtiene una resolución fundada en Derecho, sea o no -claro está- favorable a las pretensiones del actor.

Economía y Hacienda. Persiste la falta de coordinación interadministrativa entre los órganos con competencia en gestión catastral y en gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al no realizar o no comunicar en plazo las variaciones en los nuevos datos catastrales resultantes de la estimación de las reclamaciones de los contribuyentes.

El incumplimiento de las normas sobre colaboración de las Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral revela la necesidad de que se potencia dicha coordinación, a fin de que los órganos con competencia en gestión tributaria puedan efectuar, a la mayor brevedad, la regulación tributaria que proceda con los nuevos datos catastrales.

Respecto al Impuesto, en concreto, sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el principal problema detectado por esta Procuraduría se refiere a la falta de coordinación entre algunas Jefaturas Provinciales de Tráfico -con competencia en la elaboración de las listas de titulares de vehículos- y los Ayuntamientos -competentes en la gestión tributaria-, al no comunicar las primeras diligentemente los datos necesarios para efectuar las liquidaciones.

Ello ha dado lugar a que algunas Corporaciones Municipales liquiden el impuesto tomando los datos de otras fuentes, como el Padrón Municipal. Se ignora así que el dato que habilita la competencia para la gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto es -lo dice la Ley- el domicilio que conste en el Permiso de Circulación del vehículo, no necesariamente coincidente con el Padrón.

En otro orden de cosas, debemos señalar que la determinación del valor real, definido como valor de mercado, de los bienes y derechos objeto de gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones suscita una gran problemática, particularmente en los expedientes de comprobación de valores. Las actuaciones realizadas sobre el particular por el Procurador del Común se han dirigido con carácter general a la Consejería de Economía y Hacienda.

Y quiero poner de relieve la aceptación de la resolución según la cual, a partir del primer trimestre del año dos mil uno, estaría disponible en internet, en la página web de la Junta de Castilla y León, un sistema de información de los valores de los bienes inmuebles urbanos de la Comunidad Autónoma, que estará a disposición de cualquier interesado. Sin duda, con esta medida se conseguirá hacer descender la conflictividad en materia de valoraciones tributarias, ya que el contribuyente podrá conocer con antelación la valoración que la Administración tiene del bien que se pretende transmitir.

En materia de Haciendas Locales, durante el último año se han continuado recibiendo reclamaciones relativas a la exacción de tasas por Entidades Locales por un servicio no prestado, lo cual ha motivado la emisión de resoluciones por mi parte para indicar que la obligación de contribuir no nace de la existencia de un servicio municipal, sino de la prestación efectiva de dicho servicio.

Área K. Actuaciones diversas. En el ámbito material de las telecomunicaciones, cabe hacer hincapié en el aumento del número de irregularidades denunciadas por los ciudadanos, en relación con la aplicación de las nuevas tecnologías a su vida cotidiana. La cada vez mayor influencia de la utilización de servicios como internet en la actividad de los ciudadanos exige un esfuerzo de los poderes públicos dirigido a mejorar las condiciones de acceso de los mismos a las novedades propias de la sociedad de la información.

Infracciones en materia de transportes terrestres, también dentro del Área K, actuaciones diversas. Pues bien, como continuación a una actuación de oficio desarrollada en el año noventa y nueve por esta Institución, acordé iniciar una investigación cuya finalidad era determinar el grado de eficacia de la Administración en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tiempos máximos de conducción permitidos y períodos de descanso obligatorio en el sector del transporte terrestre por carretera, tanto de viajeros como de mercancías.

Solicitada la oportuna información sobre la cuestión a la Consejería de Fomento y a la Dirección General de la Guardia Civil, se pudo comprobar una diferencia notable entre el número de denuncias que la Guardia Civil había formulado y remitido a la Consejería de Fomento para la tramitación y una... para la tramitación de los expedientes sancionadores correspondientes y el número de expedientes que, efectivamente, se habían incoado por los servicios administrativos de dicha Consejería, así como una disparidad evidente entre el número de expedientes sancionadores iniciados por los servicios administrativos de la Consejería y el número de expedientes resueltos, tal y como consta pormenorizadamente en el Informe que tienen ustedes a su disposición.

A la vista de las conclusiones obtenidas en mi labor investigadora, estimé oportuno formular a la Consejería de Fomento una resolución formal, en la cual instaba a dicho organismo a adoptar una serie de medidas -las que se recogen en el Informe- dirigidas a paliar las deficiencias observadas.

Como contestación a mi resolución, la Administración Autonómica informó de su voluntad de incrementar la coordinación que se estaba llevando a cabo con la Guardia Civil, así como de agilizar la resolución de los expedientes sancionadores en materia de transporte, utilizando para ello la incorporación de un nuevo programa informático para la tramitación de los expedientes.

Puesto de manifiesto lo anterior, procedí a comunicar el resultado de la actuación de oficio a la Dirección General de la Guardia Civil, así como a poner en conocimiento de la Consejería de Fomento el deseo de esta Institución, de la que soy titular, de que se lograse un incremento de la eficacia de la actividad administrativa en el ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora en el sector de los transportes por carretera, y una disminución de las deficiencias que habían sido puestas de manifiesto en la actuación de oficio, siempre teniendo en cuenta, Señorías, la defensa, sobre todo, del derecho a la integridad física y a la vida, ¿no?

Departamento II. Defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León -muy brevemente-. Las actuaciones realizadas por este departamento, que tienen también... vienen pormenorizadas en el Informe que -por escrito tienen ustedes a su disposición- han obedecido a diferentes motivos y tienen como denominador común el interés general o colectivo de las reivindicaciones formuladas.

Pues bien, a lo largo del pasado año se ha podido comprobar que las quejas de los ciudadanos han comenzado a referirse a problemáticas derivadas de las nuevas tecnologías, como las antenas de telefonía móvil, los alimentos con componentes transgénicos, o la elaboración de páginas web en internet por las Administraciones Públicas.

Por otra parte, también es de destacar que los sectores en los que más se han incrementado las quejas de interés general han sido el educativo -lógica consecuencia de la transferencia a nuestra Comunidad Autónoma de la competencia en Enseñanza No Universitaria- y el farmacéutico, sector éste de gran complejidad e intereses enfrentados y que ha sido objeto de un gran número de quejas reivindicando cambios normativos -de ahí su ubicación en este departamento- en la legislación reguladora de esta materia.

También desearía reseñar que este Departamento ha realizado un seguimiento constante de otras cuestiones, entre las que destacan la problemática de Treviño -no en vano soy defensor del Estatuto de Castilla y León, según proclama el propio Estatuto- o la polémica resultante de la legislación de extranjería; también las transferencias de competencias que en un futuro cercano se van a realizar a favor de nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente en materia de sanidad y de políticas activas de empleo, etcétera.

Por último, dentro de este Departamento -puesto que se trata del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León-, quiero insistir... quiero insistir en mi parecer de que sería conveniente que Sus Señorías estudiaran la introducción de algunas reformas en la Ley 2/94 que regula esta Institución.

Mis propuestas -no quiero insistir sobre ellas- figuran en los escritos, Señorías, que les hice llegar a través de la Mesa de estas Cortes y de la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común, de treinta de marzo de dos mil uno y de cuatro de septiembre también de este año, como medidas -a mi juicio, a mi juicio, a mi modesto juicio- más urgentes.

Todo ello sin perjuicio de considerar más adelante, en un momento posterior, otras posibles modificaciones, entre otras cosas -¿por qué no?- a la luz de los textos normativos y de las experiencias de los nuevos órganos a crear por estas Cortes, algunas de cuyas funciones -creo- podrían coincidir con las del Procurador del Común. Y también en ese segundo momento podrían ser objeto de examen las propuestas que, en su caso, emanaran de los distintos Grupos Parlamentarios; alguna de ellas ya es pública, como es sabido.

Y me acerco ya al final de mi intervención, porque, en otro orden de cosas, como es preceptivo, en el Informe -lo habrán visto- figuran número y clase de quejas, dos mil quinientas diecisiete recibidas hasta el treinta y uno de diciembre, y el número de expedientes iniciados de oficio -en el que tanto hincapié han hecho alguno de los Portavoces de estas Cámaras en intervenciones mías anteriores-, ciento veintiuna. Asimismo, figuran las quejas rechazadas a trámite, quinientas dieciséis. Las quejas aún en tramitación en el momento del cierre del Informe eran setecientas cuarenta y cuatro, bastantes más que en el ejercicio anterior -y ello no deja de preocuparme-, unas pendientes de recibir información y otras de emitir resolución. En este sentido, las resueltas eran mil setecientas setenta y tres. Y les recuerdo que -como siempre- la expresión "resueltas" la empleo en el mismo sentido en que la emplean los Tribunales de Justicia: como casos cerrados, ¿no?

Del resultado se puede inferir que el 56% de las resoluciones dictadas han sido favorables a la Administración y el 44% a los reclamantes; dato que no siempre es fácil de explicar a los "quejosos", ¿no?: el por qué no se da la razón a un reclamante y se da la razón a la Administración, pero que, sin embargo, creo que forma parte importante, aunque difícil, de esa labor pedagógica del Procurador, y antidemagógica del Procurador del Común, a que antes me refería.

Como ya comentábamos en años anteriores, muchas veces un expediente puede afectar a varias Administraciones y puede suceder que, ante un requerimiento al órgano requerido, se dirija, a su vez, a otro de la misma Administración en solicitud de información, a fin de dar respuesta al Procurador del Común. Pero con esta reserva, se puede decir que la Administración más cuestionada por las quejas, el 39%, sigue siendo la Administración Local, habiendo aumentado respecto del año noventa y nueve en cuatro puntos. Igualmente sucede con la Administración Autonómica, a propósito de la cual las quejas han pasado del 33 al 35%. Por el contrario, disminuye el número de quejas dirigidas contra la Administración Estatal, que supone el 17%, disminuyendo en dos puntos. Al igual que ha sucedido con el Área de Justicia, que también disminuye en dos puntos en comparación con el año anterior; lo cual es también un buen indicio, un indicio de que el ciudadano cada vez conoce mejor el ámbito competencial de este Procurador del Común, que es... no es otro que el ámbito competencial de esta Comunidad Autónoma.

Claro que al hablar de las quejas quisiera hacer una matización: al hablar de las quejas contra las Corporaciones Locales no me refiero tan sólo a las del Área A, en las que se cuestiona -como pueden ustedes comprobar leyendo el Informe- la actuación de la Administración Local en materia de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación -entre otras-, además de las relativas a la organización y funcionamiento de las Corporaciones... no me refiero tan sólo a esas quejas, porque un elevado número de las quejas contra las Entidades Locales se reflejan también en otras áreas, por ejemplo en el Área B; por ejemplo las relativas a Urbanismo, Patrimonio y Servicios Municipales, qué duda cabe que afectan también a la Administración Local; o en el Área C, Medio Ambiente y Actividades Clasificadas. Igualmente, hay que dejar constancia de las relativas a las materias de Haciendas Locales.

En otro orden de cosas, el grado de colaboración de las Administraciones referido a la fase de investigación -fase de investigación que es la única que contempla la Ley, como ustedes saben, y aun así con las limitaciones que hemos apuntado en ocasiones anteriores- es, aproximadamente, ese grado de colaboración del 78%.

¿Cuáles son las causas -también lo pide la Ley- que dieron lugar a las quejas? Se corresponden con los porcentajes de las distintas áreas que tienen a su disposición en el Informe: el 19% corresponden al Área A, Función Pública y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y Tráfico; el 18% al Área B, Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda; el 10% al Área C, Actividades Clasificadas y Medio Ambiente; el 10% a Educación, Cultura y Deportes, Área D; el 3% a Industria, Comercio, Turismo y Consumo; el 4% a Agricultura, Ganadería, Montes, Caza y Pesca; el 14% a Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales; el 4% a Sanidad; el 5% a Justicia; y el 4% a Economía y Hacienda.

La Ley pide también que averigüemos la observancia que hace la Administración de mis resoluciones. Lo que pasa es que, tal y como tuve ya ocasión de comentar, no es fácil responder a esta cuestión, entre otras cosas, porque, según la Ley de Castilla y León reguladora de la Institución del Procurador del Común, las Administraciones no están obligadas a responder a mis escritos de resolución.

En cuanto a las resoluciones, en el sentido estricto de la expresión, se han formulado trescientas treinta y cinco dirigidas a la Administración Autonómica y a los Entes Locales. De ellas, han sido aceptadas, explícitamente, el 60%, el 60%: doscientas dos. Además, hay que añadir las muy numerosas formuladas en las actuaciones de oficio, algunas de las cuales, por ejemplo, las dirijo a todos los Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma; y recuerden ustedes que son dos mil y pico.

Pero, en general, en general, es difícil -como ya comentaba en alguna ocasión anterior-, es difícil poder sentar afirmaciones concluyentes sobre los casos que, habiendo sido objeto de conocimiento por parte de esta Institución, han sido resueltos satisfactoriamente a raíz de la intervención de la misma. No pocos son resueltos... no pocos son resueltos en el transcurso de la tramitación del expediente sin que, sin embargo, nos conste de manera expresa en qué medida ello se debe a la intervención del Procurador del Común de Castilla y León.

Señorías, consta en el Informe -y ya acabo definitivamente-, consta en el Informe un Anexo correspondiente a la liquidación del presupuesto, que se cierra con un grado de ejecución del 88,62%.

Por otro lado, como Sus Señorías conocen, el Servicio de Intervención de estas Cortes supervisa la documentación contable referida a tal liquidación, en aras de una total transparencia.

Y finalizo ya... ya definitivamente, no sin mostrar mi satisfacción por el trabajo realizado por las personas que componen mi equipo de colaboradores. Señorías, gracias por su atención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Se abre ahora un turno para que los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios puedan fijar sus posiciones en relación con el Informe que ha presentado el señor Procurador del Común. Comenzando por el Grupo Mixto, en el que habrán de compartir el turno las tres fuerzas políticas representadas, concedemos la palabra, en primer lugar, a don Carlos Rad, en representación de Tierra Comunera.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Gracias también a don Manuel García Álvarez por la labor realizada, en primer lugar; también por el Informe expuesto, un Informe que sin duda tenemos que calificar de exhaustivo y de... y de extenso. Gracias también por una labor que tenemos que reconocerle aquí, y es la labor itinerante, esa labor que acerca su figura -la figura del Comisionado Parlamentario- a todas las ciudades, a los principales núcleos de población de... de Castilla y León.

Un agradecimiento que espero se transforme en lo que está a disposición de los Parlamentarios, y es una mejor dotación parar realizar su labor: una mejor dotación física. Yo he tenido la oportunidad de visitar las instalaciones del Procurador del Común en... en León, y las evidentes carencias de espacio; imagino que en el resto de las localidades donde recibe habitualmente a los ciudadanos, pues también tienen esos mismos problemas. Una dotación suficiente de personas. Y, lo que es más importante, por fin, aprobar la modificación de la Ley del Procurador del Común, algo que debemos aprobar con cierta vergüenza unos más que otros, por el peso correspondiente que tenemos en esta Cámara.

Una modificación que ha sido propuesta en reiteradas ocasiones, o, al menos, desde que yo he llegado a esta Cámara la he recibido en dos o tres ocasiones, el mismo texto y en las mismas circunstancias; y una situación que se dilata en el tiempo, yo creo que innecesariamente y, además, sin ningún tipo de justificación.

Desde luego, usted ha hecho una exposición exhaustiva y extensa, llena de imparcialidad: son el relato fiel de los casos seguidos, de los casos que usted ha realizado. Pero, desde luego, nosotros sí que vamos a hacer una interpretación política como nos corresponde. Y hemos encontrado una serie de hechos reseñables; hechos reseñables que no debieran producirse y que espero... yo no he visto a los... a los Consejeros estar demasiado atentos -imagino porque se habrán leído el Informe exhaustivamente-, pero son hechos reseñables de cómo la Función Pública no es todo lo excelente que debiera. Cómo esa Función Pública, y más en lo que compete a la Administración Regional, pues presenta notables lagunas.

Y en esas lagunas, nosotros sí que señalamos las que se manifiestan en Educación. En Educación, que es una transferencia recién... recibida, en este Informe recoge el primer año de funcionamiento de la Educación bajo Gobierno Regional, y vemos que existen demasiadas quejas; demasiadas quejas y demasiados colectivos implicados en ellas. Se reciben quejas del personal funcionario, del personal interino, se reciben quejas de las asociaciones de padres. Es de señalar, especialmente, las quejas de los padres de niños con alguna deficiencia psíquica o física, precisamente por esas carencias en la Educación Especial; por determinados hechos especialmente graves, que, como relataba don Manuel, a veces crean cierta sensación de impotencia. Y, desde luego, por otros colectivos, como los de becarios de investigación, que nunca habían asomado a este tipo de... de quejas.

Demasiadas llamadas a la inhibición de las Administraciones Regionales en temas urbanísticos, en temas de legislación sobre ruidos; hay numerosas asociaciones cuyo fin único es, precisamente, luchar con ese vacío legal que se produce entre la Administración Local y las Administraciones Autonómicas; con las explotaciones ganaderas; con la degradación irreversible del patrimonio.

Demasiados fallos todavía en el funcionamiento de nuestra democracia, sobre todo la democracia de esas Corporaciones Locales, de los pequeños municipios, que, desde luego, esperemos que la modificación de esta Ley, pues, contribuya a hacer menos numerosas.

Yo sí que les relataría seis problemas pendientes que nos preocupan especialmente a las personas de Tierra Comunera. Uno de ellos es la siniestralidad laboral; otro de ellos -que no está reflejado suficientemente en el Informe- es el paro femenino, la igualdad de la mujer -entendemos que es un problema más bien genérico, no solamente de casos puntuales-; la eliminación de barreras físicas, a la que sí que se ha hecho alusión; la protección del menor, donde sí que hemos tenido casos especialmente graves, casos que han llegado a las páginas de la prensa nacional incluso; la protección de los emigrantes y la explotación laboral -que también ha habido casos y, además, casos muy señalados en nuestra Comunidad-, o esa necesaria integración de las minorías étnicas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Concluya, por favor.

EL SEÑOR RAD MORADILLO: Y

Y por último... (Sí, gracias, señor Presidente.) finalizo con dos temas que a los Nacionalistas castellanos, como es nuestra ideología, pues nos preocupan especialmente: uno es el tema de Treviño y la defensa legítima de su castellanidad, que muchas veces no tiene las garantías legales suficientes o, por lo menos, la protección legal suficiente; y, finalmente, la vigilancia en las transferencias, en todo el proceso de transferencia, y una especial vigilancia por un hecho que nos alarma especialmente, y es que las últimas leyes promovidas por el Gobierno recortan de forma alarmante las competencias de esta Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Tiene ahora la palabra, por Izquierda Unida, don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Yo no quisiera dejar pasar la ocasión sin ratificar, suscribir, de forma personal y en representación de Izquierda Unida, el documento que la Junta de Portavoces aprobábamos recientemente en relación con la condena más expresa del terrorismo, al mismo tiempo que abogar por que se implante la serenidad para que no sea la venganza, no sea la guerra la que intente solucionar cuestiones de esta naturaleza.

En la materia que nos ocupa de forma específica, yo quiero saludar de forma expresa, de nuevo, la información que nos transmite, la forma de transmitirla, incluso hacer un reconocimiento expreso no sólo del Procurador del Común como representante del Alto Comisionado de estas Cortes, sino también a todo su equipo, que, lógicamente, con la expresión de este Informe, a mí me ha dado la impresión que entramos en una fase de estabilidad, de madurez, de consolidación, de aumento de lo que es el bagaje que en este momento dispone estas Cortes, y gracias, precisamente, a la tarea, a la elaboración, al trabajo que se viene realizando por parte de esta Institución, es decir, del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León.

Posiblemente habría que replantearse una historia. No sé si está haciendo así; si está haciendo así, pues bien. Pero buscando la efectividad más concreta de un Informe de esta naturaleza, que, a veces, por la forma en que nos comportamos cuando se estaba dando lectura o comunicación, pues como que estuviésemos pasando un poco de la circunstancia, acaso sea interesante que se pudiesen hacer parcelas, sectores, y remitir a cada uno de los grupos, colectivos o entidades interesadas o afectadas, para que tomen muy buena nota también; no sólo el planteamiento general -como se viene haciendo-, de manera que es el cumplimiento específico de lo que marca la norma, de lo que marca la Ley. Pero sería interesante, acaso, para buscar una mayor efectividad.

Y Señorías, yo creo que hay un hecho interesante esta mañana. A lo mejor tenemos que pedir disculpas porque ha habido mayor tráfico de comunicación telefónica entre los distintos Portavoces, pero podemos darnos por satisfechos. Hoy se puede anunciar -así, al menos, yo lo he vivido; creo que así es la realidad- que hemos conseguido, en una síntesis apurada, realizar el compromiso de presentar el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 2/94, del Procurador del Común de Castilla y León, en la que nos manifestamos prácticamente de acuerdo. Y en esto también hay que agradecérselo; no son elogios vanos, es una realidad incontestable. Y es que, además de lo que pudiera ser nuestra preocupación, su experiencia, la experiencia que ha podido tomar del resto de las instancias o instituciones de la misma naturaleza, nos ha transmitido las necesidades inmediatas para que se pueda producir esa modificación en aras a la mayor efectividad.

Bueno, pues casi con la llamada última, sí es cierto que hemos conseguido -y lo hacíamos prácticamente patente inmediatamente antes de iniciarse este Pleno-, en torno en este caso -y hay que decirlo también- al Presidente del Gobierno Autónomo, que se ha brindado, en un saludo ..... a departir con todos los Procuradores, para ver si somos capaces de ratificar esa modificación y entrar en una fase de mayor efectividad, desde el punto de vista de lo que son las quejas, que también usted nos transmite aquí anualmente, de una cierta impotencia en algunas de las circunstancias en su actividad concreta. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Le corresponde el turno a la Unión del Pueblo Leonés y, en su nombre, el señor Otero tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Procurador del Común. Como siempre, exhaustivo el Informe, y por ello nuestra felicitación por su Informe y por su trabajo.

Como tampoco tenemos excesivo tiempo para alabar su labor, que -insisto- es una buena labor -así lo hemos valorado siempre y así lo vamos a seguir valorando mientras usted siga en esta línea, que seguro que va a seguir en esta línea y mejor-, vamos a pasar directamente a cuestiones que interesan, yo creo, que a la Institución y, por tanto, que nos interesan a todos.

Porque nosotros no estamos aquí para alabarle; la felicitación ya va de antemano, pero no solamente estamos aquí para alabarle. También estamos para ayudar en la medida que nos sea posible a la Institución, al Procurador del Común y, por tanto, a usted como cabeza visible de esa Institución.

Y mire, por comenzar por algún lugar y sobre la situación actual de la Institución -insisto, y lo digo como crítica positiva, como crítica constructiva, señor Procurador del Común, y quizá también lo digo con dolor de corazón, no digo que no-, es una impresión personal mía, personal, de mis compañeros también, pero la impresión personal que tengo es que hoy el Procurador del Común tiene ligeramente menor credibilidad ahora que hace cuatro años, por ejemplo; que ahora mismo hay menos confianza de los ciudadanos en la Institución.

Insisto: es una impresión personal; ojalá esté equivocado. Pero sabe usted que a nuestro partido y con nosotros habla mucha gente que nos viene a comentar quejas, que nos viene a transmitir preocupaciones, que nosotros, en numerosísimas ocasiones, les remitimos al conducto oportuno, y nos parece que ése es el Procurador del Común. Pero lo mismo que hace cuatro años nos decían: sí, sí, voy a ir al Procurador del Común, efectivamente, voy a ir a solicitar su ayuda y tal...; hoy, cuando en algunos casos decimos eso mismo, nos dicen: no, si ya fui, pero nada, nos trata con mucha atención, nos atiende muy bien, pero al final no nos ha solucionado nada. De tal manera que, en ese sentido, creo que la Institución -insisto, lo digo con dolor de corazón y es una opinión subjetiva- ha perdido algo de credibilidad, una pequeña parte, un pequeño porcentaje. Pero aquí no estamos para perder, estamos para ganar en credibilidad.

¿Y por qué? Pues yo creo que es por dos razones fundamentales: primero, en buena medida, por el pasotismo de muchas Administraciones, porque hay Administraciones que no lo toman en serio; eso vamos a intentar solucionarlo. Y por otro motivo y otra causa es la lentitud en la tramitación de expedientes. Por cierto, fíjese, ninguna de las dos causas son imputables a usted, ninguna de las dos causas: ni usted tiene la culpa de que haya determinadas Administraciones -las menos, las menos- de que no le tomen en serio, ni usted tiene la culpa de la lentitud en la tramitación de los expedientes. Por tanto, insisto, estamos aquí para intentar o hacer lo posible por ayudarle. Porque lo mismo que hablamos de las causas por las cuales se ha podido perder un poco de credibilidad en la Institución, queremos proponer soluciones. Y queremos proponerle soluciones al Partido Popular, al Presidente de la Junta y a todos los partidos políticos que forman estas Cortes de Castilla y León.

Y las soluciones, a nuestro juicio, son dos: primera, la reforma de la Ley para dotar a la Institución de un mayor carácter coercitivo frente a las Administraciones, sobre todo frente a las que no le hacen caso, a las que no se lo toman en serio; sobre todo frente a las Administraciones pasotas. Necesita usted más poder, más poder coercitivo para que todo el mundo se lo tome en serio. Y en ese sentido la reforma es fundamental.

Es verdad que yo llevo hablando de la reforma y oyendo hablar de la reforma seis años, es verdad que parece que ahora sí que va en serio, y es verdad que la reforma yo creo que... yo no sé si hay un acuerdo, yo creo que no se puede denominar acuerdo, pero sí un acercamiento muy importante, hasta el punto de que en cuestión de horas el acuerdo puede ser total. Nosotros ya hemos anunciado al Partido Popular que no solamente es un problema de dar plazo -que lo es- a las Administraciones; también hay cuestiones gramaticales en la propia Ley que para algunos puedan ser de menor importancia, para nosotros no: se refiere a castellano-leoneses como ciudadanos, etcétera, utiliza la Ley la expresión castellano-leonés, con guión, y eso se ha subsanado ya en la Reforma del Estatuto de Autonomía. Esto es Castilla y León y los ciudadanos son ciudadanos de Castilla y León y no existen los castellano-leoneses. Ésa también podría ser una iniciativa suya, señor Procurador. Pero, en todo caso, yo creo que la reforma está muy cerca y que con esa reforma va a tener usted un mayor poder coercitivo y todas las Administraciones se lo van a tomar mucho más en serio.

Y la segunda cuestión, la segunda cuestión, o la segunda solución: usted tiene que tener mayores medios técnicos y humanos, señor Procurador del Común, mayores medios técnicos y humanos. No es de recibo que el Procurador del Común de Castilla y León sea el que menos trabajadores tiene de todos los de todas las Comunidades Autónomas; sólo Galicia tiene menos, allí hay cuatro provincias y aquí hay nueve. Es, por tanto, el que menos trabajadores tiene. Y esto me interesa que lo oiga, señor Presidente de la Junta: veintinueve trabajadores de plantilla es absolutamente insuficiente, en otras Comunidades tienen más y tampoco son capaces de solucionar todos los problemas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Voy terminando, señor Presidente. Es que me puso cuatro minutos en lugar de cinco.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Es que le correspondían tres.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Me queda un minuto, me queda un minuto. Quince, no, eran quince no.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Eran diez minutos...

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Bien, me queda un minuto, Presidente. Es, señor Presidente de la Junta, el que tiene el presupuesto más bajo, con 261.000.000 de pesetas, de España. Yo sé que don Manuel García Álvarez es austero, y yo sé que es loable que las Administraciones Públicas sean austeras, pero hay un momento, señor Procurador, en el que esa austeridad tiene que ser relativa. Es decir, piense que a usted no le van a valorar porque tuviera poca plantilla o poco presupuesto, a usted van a valorarle su gestión porque solucione los problemas y con que cumpla... y porque cumpla y haya cumplido bien sus funciones. Y para eso necesita más medios humanos y más medios técnicos.

Evidentemente, dos mil quinientas quejas, ciento y pico expedientes de oficio exige más, mucho más. Ahora llegarán cuestiones como la sanidad y competencias que van a plantear muchas más quejas, el tema de la emigración está planteando y cada vez va a plantear más quejas. Es absolutamente insuficiente, por tanto. La lentitud en la tramitación de los expedientes -uno de los problemas que veíamos- se soluciona con más medios técnicos y humanos.

¿Y la sede?, señor Presidente de la Junta. Esa sede no es adecuada para el Procurador del Común. Además, usted que es peregrino, sepa que ésa es la Casa del Peregrino, deberían de utilizarla ustedes los peregrinos cuando pasan por León. Esa sede tiene, señor Presidente, quinientos metros cuadrados brutos, cuatrocientos netos, aproximadamente, y ahí trabajan veintinueve personas. Ahí no puede estar la sede. Están hablando ustedes de gastar 4.000, 5.000, 6.000 millones de pesetas -yo qué sé-, en una sede de unas nuevas Cortes. ¡Hombre!, pues como figura relacionada con las Cortes el Procurador del Común, entendemos que merece otra sede.

Le digo más, señor Presidente de la Junta: ya me consta, y se lo anticipo porque me consta, el Ayuntamiento de León está dispuesto a ceder la parcela necesaria -por supuesto gratuitamente- para edificar o para construir una sede de nueva planta, en el lugar que más les guste a ustedes de León, en las Eras de Renueva, cerca de la actual sede o donde ustedes quieran.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor, acabe.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

El Ayuntamiento cede gratuitamente los terrenos. (Ya termino, señor Presidente.) De tal manera que sería oportuno, sería conveniente que pensásemos también que para que una figura como el Procurador del Común tenga la dignidad que merece y represente lo que represente... lo que representa, debemos de sacarlo de la Casa del Peregrino de cuatrocientos metros cuadrados y construirle un edificio, que será una cantidad menor comparado con lo que se va a gastar en el edificio de las Cortes de Castilla y León.

Yo creo que deben de tomar todo esto en serio, y a partir de aquí, desde luego, dispuestos para hablar en las próximas horas y llegar a un acuerdo sobre la modificación de la Ley. Muchas gracias, y muchas gracias, señor Procurador del Común.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Don José Francisco Martín Martínez tiene ahora la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. Buenos días. Y antes que nada, por supuesto, señor Procurador del Común, reciba usted y todo su equipo la más cordial bienvenida del Grupo Parlamentario Socialista a este Pleno, que, tradicionalmente, es el primer Pleno después de este periodo de... yo diría que de rigurosas vacaciones parlamentarias, con más de dos meses y medio con ausencia absoluta de debate en estas Cortes, como consecuencia de la voluntad política del partido político, que es el que es responsable de la falta de actividad durante todo este tiempo y responsable de no promover reformas para que esto no suceda y, en concreto, la reforma del Reglamento.

Pero, en todo caso, no vamos a orientar el debate de este Pleno a otros derroteros, y vamos a centrarnos, por supuesto, en el Informe que usted ha presentado anteriormente.

Repasando los debates de años anteriores, lo que observamos es en las intervenciones de todos los Grupos Parlamentarios, una coincidencia unánime en resaltar la enhorabuena a la Institución del Procurador del Común, año tras año, por los Informes anuales que se presentan.

En este año, el Grupo Parlamentario Socialista también, también le transmite, igual que han hecho otros Grupos de la Oposición anteriormente, la enhorabuena del Grupo Parlamentario por el Informe que ha presentado. Es un buen Informe, que responde, además, a una gran actuación desarrollada por esta Institución en el año dos mil.

Pero nosotros queremos ir este año más allá. Queremos ir más allá y queremos transmitirle también, desde el Partido Socialista de Castilla y León, nuestra admiración y nuestro respeto. Nuestra admiración y nuestro respeto, fundamentalmente, por la constancia que usted y que la Institución del Defensor... del Procurador del Común está demostrando en esta... en esta Comunidad. Admiración y respeto por su presencia de ánimo, por su constancia, porque, a pesar de conocer muchos de los resultados que todos conocemos y que usted ha hecho patentes en sus intervenciones, lejos de hacerle tirar la toalla, usted está redoblando sus esfuerzos, y eso se constata comparando con años anteriores. Y está redoblando sus esfuerzos como lo que es el Procurador del Común: a fin de cuentas, el Defensor del Pueblo y la última esperanza para muchos ciudadanos de Castilla y León que ven como una barrera insalvable su relación con muchas de nuestras Administraciones.

La verdad es que tiene mucho mérito, el suyo, mucho mérito en no desanimarse. Mucho mérito en no desanimarse cuando conoce resultados. ¿Es posible no desanimarse cuando se ve este año, en el año dos mil, que nada menos que en el 44% de los casos de las quejas tramitadas el ciudadano tenía razón, frente a actividades, frente a actitudes irregulares y en algún caso ilegales de la Administración?

¿Es posible no desanimarse cuando nada menos que en el 40% de los casos sus recomendaciones, sus observaciones no son aceptadas por la Administración?

El colmo ya: ¿es posible no desanimarse cuando nada menos que en el 28% de los casos, la Administración no es que no acepte ya sus resoluciones, es que no se digna ni en contestarle?

Nos parece de un mérito excepcional el seguir redoblando los esfuerzos año a año. Y, desde luego, pediríamos... pediríamos que esas Administraciones que es que ya no se dignan ni en contestar... ni en contestarle a usted, alto Comisionado de estas Cortes, lo que nos preguntamos es: ¿qué pueden esperar los ciudadanos de esa Administración cuando no se dignan ni en contestarle a usted? Eso creo que lo vamos a arreglar con la reforma que vamos a promover inmediatamente que finalice... que finalice este Pleno.

¿Es posible no desanimarse cuando, año tras año, las quejas son prácticamente iguales y las resoluciones del Procurador del Común también son prácticamente iguales? Y eso quiere decir que se está haciendo poco, poco por solucionar las causas de esas quejas.

¿Es posible no desanimarse cuando se llega incluso a conocer en años la resolución de expedientes? Hemos conocido en su Informe, por ejemplo, uno de la Consejería de Educación y Cultura, que le contestan a la Queja 704 de dos mil diciéndole que ya está solucionado el problema de unos niños, de trece niños de entre cuatro y trece años de edad, que ya no tienen que coger el transporte escolar en mitad de la carretera. Eso le contesta la Consejería de Educación y Cultura. Y resulta que usted se entera en la Queja 1966 del mismo año, varios meses después, de que no está solucionada la situación. ¿Cómo no se desanima usted ante esta... ante estas actividades? ¿Es posible no desanimarse cuando año tras año se constata, por ejemplo en materia de medio ambiente, la descoordinación absoluta entre las Administraciones Locales y la Administración Autonómica, cuando se constata las pegas y las irregularidades que la Consejería de Medio Ambiente pone a dar información medioambiental a los ciudadanos?

¿Es posible no desanimarse cuando usted constata año tras año que las labores de concentración parcelaria de la Consejería de Agricultura se alargan por... en periodos que llegan hasta los dieciséis años? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de esas actividades de la Administración?

¿Es posible no desanimarse cuando se observa año tras año que... -y usted lo ha dicho en su intervención- que las barreras arquitectónicas, también en los centros oficiales, siguen sin ser eliminadas y sigue sin haber un esfuerzo importante en relación a la eliminación de las mismas?

Cuando las quejas de nuestros mayores -como usted ha dicho- en relación a la escasez de plazas públicas en residencias aumentan año tras año, y cuando las quejas de nuestros mayores en relación a la insuficiente cobertura de la ayuda a domicilio aumenta año tras año, ¿es posible no desanimarse?

¿Qué pasa... qué pasa que aumentan también las denuncias por el corte en el suministro de energía eléctrica y las denuncias por bajada de tensión como consecuencia -como usted ha dicho- de la desidia de la Administración en exigir de las empresas distribuidoras el mantenimiento de las instalaciones en una Comunidad Autónoma como Castilla y León, absolutamente excedentaria en energía eléctrica?

¿Es posible no desanimarse cuando conocemos los planes multimillonarios de la Administración, en concreto de la Administración Autonómica, de atención al ciudadano, cuando se nos habla de la sociedad de la información como el gran reto del Gobierno Regional, y cuando conocemos por su Informe que Castilla y León es la única, con otras tres Comunidades Autónomas, donde en la página... en la página de Internet no existe acceso al Boletín Oficial propio de la Administración Autonómica completo?

¿Es posible no desanimarse cuando seguimos conociendo los defectos en la construcción de viviendas de protección oficial, tanto privadas como también públicas, y año tras año aumentan, con el riesgo que eso implica para todos los ciudadanos?

En fin. Podríamos seguir analizando -como usted ha hecho- área por área, pero yo creo que hay un ejemplo de hasta qué punto puede llegar la ineficacia en la gestión política y la indiferencia ante su papel como Comisionado de estas Cortes, y es la reiteración que observamos en todos sus informes, por ejemplo, acerca de la gestión tributaria por la Junta de Castilla y León, y cómo en todos sus Informes habla en relación a la resolución de determinados recursos y dice usted textualmente: "A la vista de lo expuesto, esta Institución no pudo pasar por alto una situación como la descrita, que evidenciaba una quiebra total de los principios de economía, celeridad y eficacia que debe presidir la actuación de toda Administración Pública". Sirva como ejemplo de lo que nosotros vemos que usted se está encontrando día a día en relación a la actuación de la Administración.

A partir de aquí, simplemente, reiterarle nuestra admiración y respeto, aumentada porque, además de las quejas a instancia de parte, usted está aumentando la actividad también en actuaciones de oficio. Y aquí, simplemente, dos propuestas... dos propuestas que le hacemos desde el Partido Socialista de Castilla y León, para que en este año inicie usted un estudio acerca de la situación de los inmigrantes en Castilla y León. Queremos que se dirija a aquellos que o bien no saben de su existencia o no pueden dirigirse a usted en el momento actual; que analice su problemática, que analice el fenómeno de la inmigración en Castilla y León, y que lo analice no simplemente como un problema, como piensan algunos, sino como un elemento fundamental de solidaridad y de posibilidades de desarrollo para la Región.

Y también le proponemos en las actuaciones de oficio que inicie una investigación ante un hecho que hemos conocido hoy... ayer, y que está preocupando a muchos padres de Castilla y León estos días, que creyendo que el precio de la mensualidad a pagar en las escuelas infantiles dependientes de la Junta de Castilla y León era el precio que se les había comunicado en el mes de junio, y por el cual ya habían pagado incluso una mensualidad en concepto de preinscripción, resulta que, por Decreto, por Decreto del treinta y uno de agosto -curiosamente-, se aumenta dicho precio, prácticamente se dobla. Es éste un ejemplo -yo creo de libro- de la falta de transparencia, desinformación e inseguridad jurídica que la Institución que usted preside, desde luego, estamos convencidos que sabrá valorar oportunamente.

Hasta aquí nuestra valoración de su valor durante el año pasado. A partir de aquí, simplemente, reiterarle el apoyo del Partido Socialista de Castilla y León para poner en marcha cualquier tipo de iniciativa y de reforma legislativa, como la que vamos a cerrar inmediatamente, de apoyo absoluto a su labor y de ampliación de esa labor. Desde el Partido Socialista creemos que es el momento de dar el paso de la autocrítica que hemos hecho los Grupos de Oposición, incluso, en otra... en ocasiones anteriores a la asunción de responsabilidades ya.

La reforma que ahora proponemos recoge lo que, a nuestro juicio, son las aspiraciones que usted nos ha trasladado más importantes: por un lado, la necesidad de acercar cada vez más la Administración a los ciudadanos, y, en concreto, todas las Administraciones, y por eso proponemos, en la línea de sus propuestas, aumentar su competencia al ámbito de las Administraciones Locales en todas aquellas competencias... en todas aquellas materias competencia de la Comunidad Autónoma.

Y, por otro lado, creemos que es necesario, imprescindible, establecer plazos tasados que regulen el tiempo de respuesta máximo por parte de la Administración a las quejas, a los informes o a la asunción de sus resoluciones y la adopción de medidas para solución de los problemas que se plantean. Esto creemos que redundará, por supuesto, en un mayor prestigio de la Institución y, a fin de cuentas, en una mayor garantía para todos los ciudadanos de Castilla y León.

Además, creemos que esta reforma siempre ha sido necesaria; ahora es imprescindible, teniendo en cuenta la asunción de nuevas competencias en materia de Sanidad, que, como usted ha dicho, parece que va a ser pronto; y que en temas tan sensibles como son Sanidad o -como se ha demostrado- en Educación No Universitaria va a suponer, sin ninguna duda, un aumento... un aumento sustancial del número de quejas a tramitar por parte de... de su Institución del Procurador del Común.

Para todo ello -y con esto termino-, evidentemente, estas reformas legislativas que vamos a poner en marcha inmediatamente, por lo menos desde el Grupo Parlamentario Socialista, deben ir acompañadas también -¿qué duda cabe?- de un incremento sustancial de los medios materiales y humanos del Procurador del Común que permitan la adaptación a esta nueva situación y la... y el desarrollo de una manera digna de las funciones, cada vez más, que le han sido encomendadas.

Señor Procurador del Común, en todo lo que necesite, se lo garantizamos, contará, como siempre ha sido, y mucho más a partir de ahora, con el apoyo más decidido del Partido Socialista de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Por último, y en nombre y en representación del Grupo Parlamentario Popular, don Francisco Vázquez Requero tiene la palabra.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Procurador del Común, Señorías. Sean mis primeras palabras, en nombre también del Grupo Parlamentario Popular, para agradecer al señor Procurador del Común su presencia esta mañana ante este Pleno de las Cortes de Castilla y León, y también para agradecer la exposición oral que ha hecho del resumen correspondiente al año dos mil, dando así cumplimiento al Artículo 32 de la Ley 94 que regula la Institución.

Quiero también agradecer al equipo de trabajo que le acompaña, de la Institución, la minuciosa labor y el intenso trabajo que bajo la dirección de usted han realizado a lo largo -y se ve claramente- de los seis tomos en que nos ha llegado este Informe, además de todas las consideraciones generales, la estadística y la liquidación de su presupuesto.

Y antes de comenzar a analizar el informe, no quiero eludir, sino al contrario, la cuestión de la reforma de la Ley que aquí se ha citado por otros Portavoces de otros Grupos. Reforma que mi Grupo plantea bajo los siguientes parámetros: la inmediatez, el consenso y la agilidad en la actuación de la Institución del Procurador del Común.

Este tema ya tan manido de la reforma de la Ley hay que zanjarlo de una vez; creo que lo hemos hecho esta mañana. Ya no debemos esperar, por lo tanto, a que cada Grupo proponga una determinada propuesta y ésta sea estudiada en la respectiva Comisión de Relaciones con el Procurador del Común. A mi juicio, debe presentarse ya la Proposición de Ley, elaborada por todos y en base a la propia propuesta del Procurador del Común.

En segundo lugar -como decía anteriormente-, el consenso y el acuerdo entre los Grupos Parlamentarios es fundamental; acuerdo en el que también se basó la propia elaboración de esta Ley. Pero este consenso y este acuerdo no deben estar sometidos ni a ventajas de ninguno, y debe ser el mismo acorde con la representación que tenemos aquí, en estas Cortes, cada uno.

En nuestro Grupo, al referirnos a la reforma de esta Ley, siempre hemos hablado de la propuesta hecha a los Grupos Parlamentarios, por parte del Procurador del Común, en un escrito que nos remitió en el mes de abril de este mismo año. En dicho escrito, usted, señor Procurador del Común, nos esbozaba las modificaciones que estimaba más urgentes a la hora de abordar la reforma de su Ley. Y, por tanto, nuestro Grupo no ha querido apuntarse ninguna ventaja ni cobrar derechos de autor por una iniciativa de reforma que es suya; no es de ningún Grupo de la Cámara.

Y en tercer lugar -como yo decía con anterioridad-, la otra característica de la reforma debe ser la de ayudar a agilizar los procedimientos de actuación de la Administración y de la Institución del Común, del Procurador del Común. Dichos procedimientos -que, según se está comprobando en los siete años ya de funcionamiento de la Institución- a veces topan con la falta de colaboración de las distintas Administraciones, si bien hay que decir -y usted también lo ha dicho aquí esta mañana, y así se refleja en el Informe- que esa colaboración se cifra en torno al 78%; en este caso hay que tener en cuenta que el año pasado era del 74%, y, según sus propios datos, la colaboración se ha incrementado por parte -recuerdo- de todas las Administraciones, no sólo de la Administración Regional. Pero nosotros no estamos conformes con esta situación, y pensamos que la colaboración se debe dar en el 100% de sus actuaciones.

Y en cuanto de la reforma ya de la Ley en sí, usted comentaba que había que modificar tres preceptos. Nosotros estamos de acuerdo. El primero de ellos hacía referencia -el Artículo 1.2- a la capacidad supervisora sobre los Entes Locales y a la ampliación del ámbito de actuación del Procurador del Común sobre estos Entes Locales. Si bien el tenor de la Ley, en el mismo se establece que la Institución supervisa también la actuación de los Entes Locales de Castilla y León en las materias que le hayan sido transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma, no es menos cierto que la ampliación de las competencias de supervisión que usted reclama sobre la actividad de los Entes Locales se consigue también por vía indirecta de los convenios de colaboración con el Defensor del Pueblo.

Pero creemos en este Grupo Parlamentario que se debe habilitar también una vía directa de supervisión, y, por ello, nos parece acertado el cambio de redacción del párrafo segundo, punto segundo, del Artículo 1 que usted ha propuesto, y quedando en los términos literales como usted dice, y es así: "La Institución supervisa también la actuación de los Entes Locales de Castilla y León en las materias en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia a la Comunidad Autónoma".

El segundo de los aspectos de reforma, después del tema de los Entes Locales, hace referencia al establecimiento de plazos preceptivos para emitir informes por parte de la Administración en relación con la queja formulada, lo que significa la modificación del Artículo 13 de la Ley. Nuestro Grupo está de acuerdo en la modificación de este plazo para la remisión de los informes de las Administraciones al Procurador del Común. Tal punto significa, por lo tanto, incorporar, desde el punto de vista del ciudadano, mayores garantías, aunque debería evitarse la fijación -a nuestro juicio- de plazos estrictos, que pueden abundar en el exceso de trámites, que retrasan la gestión de las Administraciones Públicas. Así lo han entendido -usted lo sabe también- en el... en Aragón con el Justicia Mayor o en el País Vasco... en el País Vasco con el Ararteko, que no fijan plazos, sino que es la propia institución la que fija, caso por caso, los plazos.

Sin embargo, a nuestro juicio, en esta cuestión deberíamos sumarnos también, por mayores garantías, a la regulación establecida en otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, Canarias, Valencia, Galicia o Baleares. Y así, y según nuestra propuesta, coincidiría punto por punto con la de usted y se establecería el plazo de un mes para que se le informe por escrito sobre la cuestión planteada. Tal plazo sería también susceptible de modificación cuando concurran las circunstancias que lo aconsejen a juicio del Procurador del Común. De esta manera se contienen las dos vías enunciadas con anterioridad, la del plazo y la que se determina caso por caso.

Y el tercer aspecto de la reforma de la Ley hace referencia a la obligatoriedad de la contestación de sus resoluciones. Estima este Grupo Parlamentario que hay que establecer la obligatoriedad en esta contestación a usted, y hay que establecerla no sólo en aras a la anteriormente citada colaboración por parte de las Administraciones en un 100% -y que se asegura, a nuestro juicio, con la obligatoriedad del plazo de un mes para contestar a sus requerimientos en el caso de los informes-, sino también por la propia cortesía y respeto que merece la Institución y como... y modo de conocimiento por la propia Institución del grado de aceptación de sus resoluciones.

Por ello, nuestro Grupo propone añadir al Artículo 19, que usted proponía la reforma, un párrafo segundo en el que se diga que "en todos los casos, los afectados por las resoluciones del Procurador del Común vendrán obligados a responder por escrito... por escrito". Sin embargo, quiero hacer constar que tampoco nos desmarcamos en lo referente a que se establezca un plazo en lo que se refiere a la contestación a sus resoluciones, si bien le tengo que manifestar aquí que el plazo de un mes nos parece escaso en los casos de algunas Administraciones y en la contestación de algunas Administraciones, y si se quiere asegurar la propia contestación a la Institución del Procurador del Común, bien se podría pactar un plazo de tres meses.

También... tampoco quería dejar pasar aquí por alto otras cuestiones que se han manifestado con respecto a esto, como es la adecuación de la Ley a la propia reforma del Estatuto. No tenemos inconveniente en que en algunas expresiones que están contenidas en la propia Ley, que son puramente gramaticales, que no afectan ni al funcionamiento, ni desde el punto de vista técnico ni político a la Institución, sean modificados, como lo fue en su día modificado el Estatuto de Autonomía.

Y creemos, señor Procurador del Común, que con estas tres modificaciones... pueden ser las mismas asumidas por todos -así lo hemos hablado-, dan respuesta a los propios planteamientos del Procurador del Común, y al ser planteadas también en esta Tribuna -no fuera- por el Grupo Parlamentario Popular, les da el peso que la representación en esta Cámara nos otorga.

Usted, señor Procurador del Común, es el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, no de la Junta de Castilla y León -como aquí se ha dicho-, para la protección de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, según reza desde el año dos mil en el Estatuto de Autonomía, y ya así se contenía en la propia Ley del Procurador del Común; y -a nuestro juicio- esa labor la desempeña eficazmente. Esa protección la ha llevado usted a cabo de dos formas: de oficio o a instancia de parte.

Señor García Álvarez, usted ha mostrado en las actuaciones de oficio que lleva cuestiones en las mismas de tanta sensibilidad como los derechos de las personas discapacitadas, la integración social de los colectivos marginados -del que usted también ha hablado aquí esta mañana-, la salud mental o su preocupación, también -que lo hemos visto en el Informe constatado-, por las agresiones medioambientales y las que redundan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros creemos que estas apreciaciones deben informar la actuación de las Administraciones Públicas.

Y también juzgamos positivo desde este Grupo la política de acercamiento a las personas y a los colectivos realizada por usted a través de llevar a cabo visitas en poblaciones distintas.

En cuanto a las actuaciones a instancia de parte -y ya voy terminando, señor Presidente-, en las que hacen referencia al gran número de quejas presentadas, éstas son similares a años anteriores. Concretamente, usted ha citado dos mil quinientas diecisiete, que corresponden, aproximadamente, a diez por cada diez mil habitantes de esta Comunidad Autónoma. Pero es significativo constatar que, de todas estas quejas, solamente seiscientas veintiséis se han admitido a trámite por actuaciones de la Administración Regional; es decir, aproximadamente, un 24% de la totalidad de las quejas, es decir, dos de cada diez mil habitantes de esta Comunidad. El resto de las quejas van remitidas y dirigidas a otras Administraciones, bien Administraciones Locales o bien Administración Central.

Pero es que, además, de las quejas admitidas por usted -según el Informe-, el 56% se resuelven a favor de las Administraciones y el 44% restante son las resoluciones dictadas en el año dos mil, según las cuales el 60% son aceptadas por la Administración o por las diversas Administraciones, y sólo el 12% son rechazadas, no el 44%, como aquí se ha dicho con anterioridad.

En estos datos es donde se muestra la importancia de la labor de la Institución y donde reside su razón de ser.

La vigilancia en la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos llevada a cabo por usted es una garantía para corregir los inevitables errores que se producen en la Administración.

Y, sin ánimo de ser exhaustivo, tenemos que constatar -según los gráficos presentados por usted en las estadísticas- que casi una cuarta parte de estas quejas presentadas a la Administración Regional van referidas, fundamentalmente, a la actuación en materia de Educación, que recuerdo que se incorporaba a su... a este Informe en el año dos mil (con lo cual quiere decir que las quejas en lo que es Administración, en correspondencia con años anteriores, habrían bajado en lo que se refiere a la Administración Regional).

Estamos seguros de que la Administración Regional seguirá en esta línea de descenso de quejas y que se acrecentará la colaboración con el Procurador del Común.

En resumen, señor Procurador, desde este Grupo Parlamentario hacemos una valoración netamente positiva, no negra, de la labor que usted viene realizando. Estamos seguros de que el trabajo eficaz y la sensibilidad en el tratamiento de algunos temas han determinado una mejora sustancial en el estado de algunas cuestiones a que hemos hecho referencia.

Y también mostrarle desde este Grupo Parlamentario nuestra disposición plena en este impulso de reforma de la Ley de una manera institucional. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Si desea contestar o matizar alguna de las cuestiones expuestas por los Portavoces de los distintos Grupos, señor Procurador del Común, puede hacerlo.

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Muy brevemente, Señorías, porque realmente no se me han planteado cuestiones a contestar ahora, ¿no?

Empezando por la crítica que se me ha hecho por el señor Otero en cuanto a lo que él percibe como un ligero descenso en la credibilidad del Procurador del Común, pues ¿por qué no? En primer lugar, por mis propias limitaciones personales, ¿no? Pero quizá también -quisiera decir- por algo a lo que aludí... he aludido en alguna ocasión en mi intervención de hoy, y es esa difícil, ¿no?, y a veces desagradable labor pedagógica de luchar contra la demagogia, que también corresponde al Procurador del Común, cuando tiene que decirle... -y lo hago muy frecuentemente personalmente, después de enviar el escrito correspondiente- cuando tengo que decirle al reclamante, al ciudadano, a la persona que acude ante mí contra la Administración, que -a mi juicio- no tiene razón, que tiene razón la Administración. Eso, quizá, contribuya también a explicar lo que usted apuntaba, ¿no? Pero por supuesto que -insisto- también mis propias limitaciones personales pueden reflejarse en esta posible... en este posible descenso de credibilidad; que, de todos modos, se compensa por el aumento de la difusión de la Institución, del conocimiento de la Institución en localidades, en pueblos de la Comunidad Autónoma que antes no la conocían, ¿no?

No solamente el conocimiento de la Institución, de que existe la Institución, sino también de cuáles son sus competencias, cuál es su ámbito competencial, el hecho de que disminuyan las quejas contra la Administración estatal, contra la Administración de Justicia, o que hacen referencia a asuntos entre particulares es un indicio también de ese mayor conocimiento.

Pero, en fin, tomo buena nota de lo que decía el señor Otero.

En las otras intervenciones, el resto de los Portavoces, no veo observaciones de tipo crítico. Tomo buena nota de todas ellas. En algunas se me dice... se me pide que inicie investigaciones sobre una serie de cuestiones... Por ejemplo, se indicaba la conveniencia de empezar a estudiar la situación de los inmigrantes en Castilla y León. Para su tranquilidad, le diré que ya he comenzado a hacerlo. Dentro de los límites de los medios de que dispongo, he comenzado a hacerlo ya, a pesar de que es una competencia, en principio, estatal. Lo que pasa es que estamos asistiendo a que el Estado, cada vez más, está pidiendo ayuda a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, y en ese sentido no es bueno que el Procurador del Común se mantenga al margen de la supervisión de este tipo de actividades, ¿no?, entre otras cosas, porque el Procurador del Común debe guiarse siempre por criterios de solidaridad, y también de solidaridad con los inmigrantes, ¿no?

Les agradezco, ¿cómo no?, el acuerdo al que están a punto de llegar para la reforma de la Ley. Quedan algunos flecos -como apuntaba el Portavoz del Grupo Popular- en relación, sobre todo, con el establecimiento de un plazo o no -y, de establecer el plazo, en qué consistiría- para responder a las resoluciones. ¡Hombre!, preferiría que fuera de un mes y no de tres, ¿no?, pero... Conviene tener en cuenta también que, además de ese mes -como ustedes saben-, yo añadía en la sugerencia que le hacía a estas Cortes en mis escritos, añadía una cláusula según la cual -a juicio del Procurador del Común- podía prolongarse, ¿no?, ese plazo de un mes. Lo cual indica ya una actitud de flexibilidad.

Y, por lo demás, los plazos que yo sugiero en mis escritos son más amplios que los que se recogen en la legislación existente en el resto de las Comunidades Autónomas, donde se habla no de un mes, sino de quince días.

Se ha hablado también en alguna de las intervenciones de los medios de que dispone el Procurador del Común. Yo quiero dejar bien claro, una vez más -porque lo repito ante los medios de comunicación, y creo que lo he dicho también en estas Cortes-, que el Presupuesto del que dispone el Procurador del Común es el presupuesto que presenta ante las Cortes el Procurador del Común. Si no es más grande, o si es el más reducido de todos los presupuestos existentes en el conjunto de las Comunidades Autónomas es porque a mí me ha parecido que no era suficiente ampliarlo, ¿no? En consecuencia, nunca he manifestado la más mínima queja en relación con los medios de que dispongo.

No obstante, y aun dándome cuenta y recordando lo que se me dijo cuando tomé posesión hace seis años, ¿no?, en el sentido de austeridad, etcétera, etcétera, aun recordándolo, a veces me da la impresión de que quizá vaya a presentarles alguna petición de aumento de esos medios, de personal o de medios materiales. Quizá sea inevitable, ¿no? Porque a mí empieza a preocuparme también esa demora en el tratamiento de los expedientes, sobre todo teniendo en cuenta que una Institución como ésta, de la que soy titular, debe caracterizarse por la celeridad, y, sin embargo, el aumento de las actuaciones de oficio, ese deseo de acercarme a todos los ciudadanos de Castilla y León, y no sólo a los que viven en el medio urbano, etcétera, pues está teniendo como consecuencia una menor rapidez en la resolución de los asuntos, ¿no?, menor de la que sería de desear. Y nada más, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Suspendemos la sesión durante tan sólo cinco minutos, a fin de despedir al señor Procurador del Común.

(Se suspende la sesión a las trece horas veinticinco minutos y se reanuda a las trece horas treinta minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ocupen sus escaños. El señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Segundo punto del Orden del Día: "Designación por el Pleno de la Cámara de don Ángel Villalba Álvarez como Senador representante de la Comunidad de Castilla y León, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, por renuncia de don Octavio Granado Martínez".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

De conformidad con lo que establece la Ley 7, de ocho de mayo de mil novecientos ochenta y siete, y modificada por la Ley 1, de tres de marzo de dos mil, Reguladora del Procedimiento para la Designación de Senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León, ha sido presentado como candidato a Senador, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Ángel Villalba Álvarez, quien ha aceptado su nominación, tal y como dispone el Artículo 5 de la citada Ley, correspondiendo ahora al Pleno tal designación.

La votación se efectuará por papeletas, mediante la indicación en las mismas de las expresiones "sí", "no" o "abstención", siendo nulas las papeletas que contengan cualquier palabra o indicación distinta de las anteriores.

El candidato se considerará elegido y designado si alcanza el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara -esto es, cuarenta y dos o más votos en primera votación-; en caso contrario, será necesario una segunda votación, entendiéndose designado si obtuviese el voto favorable de la mayoría simple.

Vamos a comenzar con la primera votación. Los señores Procuradores serán designados o llamados por los Secretarios por orden alfabético, a fin de que se acerquen con la papeleta, para que sea introducida en la urna.

Comienza la votación. Y ruego a Sus Señorías no entren ni salgan durante la misma del Hemiciclo. Señores Secretarios, procedan.

(El señor Secretario, señor Aguilar Cañedo, procede al llamamiento, por orden alfabético, de los señores Procuradores para que depositen su papeleta.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

¿Algún Procurador no ha sido nombrado? Procedemos al escrutinio.

(El Presidente, señor Estella Hoyos, procede al escrutinio de los votos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. Votos favorables a la propuesta: veintiocho. En contra: ninguno. Abstenciones: cuarenta y cinco. En blanco: una. Y nulas: cuatro.

No habiendo obtenido la mayoría absoluta exigida por la Cámara... por la Ley, procedemos inmediatamente a efectuar una segunda votación, en la que el Candidato se entenderá designado si obtiene la mayoría simple.

Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura a los... a los señores Procuradores.

(El Secretario, señor Aguilar Cañedo, procede al llamamiento, por orden alfabético, de los señores Procuradores para que depositen su papeleta.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

¿Algún Procurador no ha sido llamado? Procedemos al escrutinio.

(El Presidente, señor Estella Hoyos, procede al escrutinio de los votos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. Votos favorables a la propuesta: veintiocho. En contra: ninguno. Abstenciones: cuarenta y cinco. En blanco: una. Y nulas: cuatro.

No habiendo obtenido la mayoría absoluta exigida por la Cámara... por la Ley, procedemos inmediatamente a efectuar una segunda votación, en la que el Candidato se entenderá designado si obtiene la mayoría simple.

Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura a los... a los señores Procuradores.

(El Secretario, señor Aguilar Cañedo, procede al llamamiento, por orden alfabético, de los señores Procuradores para que depositen su papeleta.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

¿Algún Procurador no ha sido llamado? Procedemos al escrutinio.

(El Presidente, señor Estella Hoyos, procede al escrutinio de los votos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. Votos favorables a la propuesta: veintiocho. En contra: ninguno. Abstenciones: cuarenta y cinco. Nulas: cuatro. Y en blanco: una.

Habiendo obtenido la mayoría simple, proclamo a don Ángel Villalba Álvarez Senador por esta Comunidad de Castilla y León, y la Mesa de la Cámara hará entrega en su momento de la credencial pertinente, en sustitución de don Octavio Granado, a quien desde aquí agradecemos la labor que durante tantos años ha realizado en la Cámara Alta en representación de esta Comunidad. Muchas gracias, señor Granado.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por último, señor Secretario, le ruego dé lectura al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Gracias. Tercer punto del Orden del Día: "Ratificación por el Pleno de la Cámara de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de sustituir a don Isaías López Andueza, como miembro de la Comisión Mixta de Transferencias, por don José Antonio Rubio Mielgo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se ha presentado ante esta Presidencia un escrito de renuncia de don Isaías López Andueza como Vocal de la Comisión Mixta de Transferencias. Y, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2 del Real Decreto 1956, de veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y tres, el Grupo Parlamentario Popular ha formulado la propuesta de designación, en sustitución de aquel, a favor de don José Antonio Rubio Mielgo. ¿Se aprueba esta ratificación... se aprueba esta designación por asentimiento?

Queda aprobado. Y, por lo tanto, se designa como miembro de la Comisión Mixta de Transferencias a don José Antonio Rubio Mielgo. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta y cinco minutos.)